PROHIBICIÓN DE NEGAR LA MATRÍCULA ESCOLAR 2021

En trámite de aprobación presidencial se encuentra el proyecto de ley presentado por seis diputados de oposición de la Comisión de Educación, por medio del cual se prohíbe a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados, negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia por Covid-19. Este proyecto de ley, alabado por algunos por permitir a los alumnos continuar sus estudios en sus mismos colegios aunque sus padres no hayan podido cumplir sus obligaciones de pago, también ha sido criticado por otros, pues puede poner en peligro la subsistencia de varios de dichos establecimientos al traspasar la situación de morosidad de 2020 al próximo periodo escolar.

¿En qué consiste esta iniciativa?

Si bien la moción parlamentaria en su texto original proponía prohibir sin más a los establecimientos educacionales particulares y particulares subvencionados negar la matrícula para el año 2021 a los alumnos con deudas -ello en la medida que acreditaran que la situación financiera de la familia se vio menoscabada por la pandemia del Covid-19-, tras su discusión en ambas Cámaras del Congreso,  la iniciativa mutó a la exigencia a los establecimientos de elaborar un plan de medidas extraordinarias poniendo énfasis en aquellas destinadas a enfrentar las consecuencias económicas producto de la emergencia sanitaria derivada del Covid. Dentro de dichas medidas se debe considerar, al menos, la reprogramación de cuotas de colegiatura del 2020 y las reprogramadas con anterioridad, para los padres y apoderados cuya situación económica se ha visto menoscabada producto de la emergencia (entre otras circunstancias, por haber perdido el empleo a consecuencia de ella, se encuentren acogidos a la Ley de Protección del Empleo), en especial, de aquellos cuyos ingresos hubiesen disminuido al menos un 30% respecto al año 2019. El cambio de las condiciones de pago no podrá generar intereses ni multa por mora mientras se mantenga la situación de menoscabo económico y deberá respetar en todo caso criterios de racionalidad y proporcionalidad.

En el artículo transitorio se definió el plazo de un mes desde la publicación de la ley para elaborar dichos planes; se estableció la garantía a los alumnos que se acojan a estos planes de tener asegurada la continuidad escolar en el establecimiento para el año 2021, sin que se les pueda cancelar o impedir la renovación de la matrícula; y, por último, se impide a los sostenedores de los establecimientos educacionales ejercer las acciones de cobro de arancel o de matrícula hasta el cese la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por brote del Covid-19.

Crítica al proyecto de ley

La nueva redacción del proyecto de ley que fue apoyada ampliamente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, si bien es mejor que la propuesta original, no deja de tener elementos que son cuestionables. Muchos establecimientos educacionales en la actualidad ya se encuentran implementando medidas de apoyo a las familias que por la situación de la crisis se han visto impedidas de cumplir con sus obligaciones financieras; sin embargo, con el proyecto se está imponiendo desde el Estado a la sociedad civil una obligación de prestar asistencia social, función que en realidad corresponde a aquel (utilizando impuestos generales), pasándose a llevar, además, la libertad que les corresponde como cuerpos intermedios.

Por otro lado, el Legislador sólo resolvió uno de los problemas que están en tensión en esta situación, la de las familias que por no pagar las mensualidades se quedarían sin matrícula en el colegio de sus hijos, pero no se hace cargo de la situación que están enfrentando muchos de los establecimientos, que frente a la alta morosidad experimentada este año se encuentran en dificultades económicas para seguir operando o que con el establecimiento de reprogramaciones de pago podrían tener problemas de flujos para hacer frente a sus obligaciones más inmediatas.

Por último, la mayor dificultad del texto aprobado se encuentra en la limitación que se hace a los establecimientos para exigir el cumplimiento de las obligaciones adeudadas hasta el fin de la Declaración de Emergencia, fecha que, además de ser incierta, por lo pronto se ve bastante lejana. De este modo, no existirían consecuencias inmediatas frente al incumplimiento de las nuevas condiciones de pago acordadas y los establecimientos se encontrarían sin ninguna herramienta para exigir la contraprestación por los servicios entregados, los que no pueden suspender una vez entregada la matrícula, pues por ley están obligados a seguir entregando el servicio educacional por todo el año escolar se hayan cumplido o no los pagos. No es menor el riesgo que se corre: un eventual cierre de los establecimientos por falta de financiamiento no sólo dejaría a los estudiantes sin su establecimiento educacional -con la complejidad de tener que reinsertar a todos los alumnos de un recinto en otros si es que hay disponibles-, sino también a los trabajadores del establecimiento afectado, es decir, se estaría afectando a toda la comunidad educativa que ha optado por dicho proyecto educativo.