Libertad y Desarrollo forma parte de un grupo de centros de estudios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México coordinados por Geneva Network, una organización de investigación y promoción de políticas públicas a nivel internacional, con sede en el Reino Unido, en temas de innovación, comercio y desarrollo. Este grupo acaba de publicar un documento con recomendaciones de políticas públicas para que los países latinoamericanos puedan maximizar el valor del gasto público en la compra de medicamentos. Dentro de sus recomendaciones destacan:

1. Utilizar modelos de contratación pública que consideren el valor de los medicamentos durante todo su ciclo de vida, en lugar de enfocarse únicamente en su precio.

Un enfoque basado únicamente en el precio podría ignorar atributos del proveedor como calidad o predictibilidad del suministro, pudiendo incluso derivar en que algunos medicamentos innovadores no estarían disponibles. Países como Dinamarca, Países Bajos, Irlanda, Italia, España y el Reino Unido han adoptado algún tipo de contratación pública basada en el valor, en que además del precio, se considera un conjunto integral de criterios a lo largo del ciclo de vida del medicamento, incluyendo: calidad de producción, confiabilidad del suministro, mejora de los resultados para los pacientes, reducción en costos totales de hospitalización y cuido y beneficios a partes interesadas como los trabajadores de salud.

2. Priorizar los modelos de contratación pública que promuevan la elección de los pacientes, la diversidad de la oferta y una competencia de mercado sostenible.

La competencia que da como resultado un solo proveedor no es una verdadera competencia. Los sistemas de contratación pública de muchos países operan bajo un sistema en el cual múltiples proveedores licitan por un contrato, pero solo uno lo obtiene. Este modelo donde “el ganador se lleva todo” tiene varias deficiencias: puede limitar las opciones de los pacientes, aumentar el riesgo de desabastecimiento, socavar la competencia de mercado, y podría resultar en precios más altos en el largo plazo.

3. Ser escépticos de los modelos de compras públicas mancomunados regionales e internacionales.

En el pasado los modelos de contratación mancomunados han logrado conseguir un precio bajo único para productos genéricos gracias a la intensa competencia entre potenciales proveedores. Conforme la contratación pública se extiende para incluir tecnologías de salud innovadoras –incluyendo medicamentos patentados– lograr el mejor precio a través de compras mancomunadas se vuelve más complicado. Bajo dicho escenario, un fabricante de medicamentos establecerá un precio diferenciado para cada país dentro de una región. Si un grupo de países de ingresos bajos y medios entra en un arreglo de contratación mancomunado, el proveedor cobrará un promedio ponderado de los precios que habría cobrado a cada uno de los países en el grupo, es decir un precio más alto que lo que habrían pagado los más pobres y más barato que los más ricos.

4. Los esfuerzos de contratación pública deberían seguir las mejores prácticas globales y promover la competencia libre, justa y no discriminatoria.

5. Los gobiernos latinoamericanos deberían promover la sostenibilidad y la innovación de largo plazo respetando los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos.

Otra forma de discriminación ocurre cuando los gobiernos anulan los derechos de propiedad intelectual de medicamentos patentados con el fin de otorgarles las licitaciones a fabricantes de versiones genéricas. Varios países han emitido recientemente licencias obligatorias (Colombia) o modificado su legislación para promover su uso (Chile, Ecuador, El Salvador y Perú) con el fin de garantizarse precios de medicamentos más baratos. El uso de intervenciones tan drásticas como herramientas de contención de costos es en última instancia contraproducente.

6. Los modelos de contratación pública deberían respetar las obligaciones comerciales internacionales, particularmente aquellas consagradas en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC y los tratados comerciales bilaterales y regionales, como la transparencia, la predictibilidad, el trato nacional y los tipos permisibles de licitación.

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