TRES ARTÍCULOS QUE INTRODUCEN DISTORSIONES EN LA NUEVA LEY MIGRATORIA

En vez de favorecer una migración ordenada y segura se continúa entregando señales que distorsionan este principio rector.  Tres casos significativos:

  1. Regularización de todos aquellos extranjeros que permanecen dos años como irregulares en el país, siempre que demuestre capacidad para sustentarse económicamente. (Artículo 68)

En la Comisión de Derechos Humanos del Senado se incorporó una norma que permite la regularización permanente de aquellas personas que, logrando permanecer en Chile dos años fuera de la ley y demostrando ser capaces de sustentarse, ya sea con un contrato de trabajo o demostrando medios independientes, sin tenerse en cuenta los motivos de su ingreso o de su irregularidad, sin abordar si tiene o no antecedentes penales, podrá solicitar una residencia temporal por un año al cabo del cual podría solicitar el cambio a la categoría de residencia definitiva. En la Comisión de Hacienda del Senado, esta norma fue reemplazada por otra, gracias a un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, que, en vez de crear un mecanismo de regularización permanente lo establece como una medida extraordinaria: otorga la facultad al Subsecretario del Interior para establecer mecanismos extraordinarios de regularización de migrantes.

Es necesario perseverar con esta alternativa y no retornar a la inserción de un mecanismo de regularización permanente y automática.

Este tipo de norma es un incentivo al ingreso clandestino al país y a la irregularidad, al prometer al migrante que no reúne requisitos para permanecer en el país que ocultándose de la autoridad por el tiempo suficiente obtendrá la residencia. Incluso es un estímulo para la falsificación de contratos de trabajo y para explotación laboral por parte de los empleadores.

  1. Se elimina la posibilidad de que en la Política Nacional de Migración y Extranjería se establezca como objetivo “evitar el ingreso irregular” al territorio nacional. (Artículo 22)

En el proyecto de ley se consagra el deber legal de establecer e implementar una Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual deberá ser renovada periódicamente. Esto es muy relevante para efectos de alcanzar una migración que cumpla con los intereses y necesidades del país a mediano y largo plazo.

Deberá considerar, entre otros aspectos, la realidad del país (local, social, cultural, económica, demográfica y laboral), el respeto y la promoción de los derechos humanos del migrante, la política de seguridad interior y exterior del Estado y el resguardo al orden público, las relaciones internacionales y de política exterior del país y el impacto de los programas municipales en la población migrante.

Así también, deberá velar por el mantenimiento de altos índices de regularidad de la población migrante. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda no se incorporó la propuesta del Ejecutivo que añadía a esto la frase “evitando el ingreso irregular”, lo que debería ser por obligación de la ley uno de los principales objetivos de política migratoria, pues este mismo es uno de los principios del Art. 7 de la Ley (migración segura, ordenada y regular). Todo el proyecto de ley tiende a promover la regularidad de los migrantes, no entendida como regularización constante de los mismos, sino más bien como la promoción y el respeto a las normas migratorias y a los conductos regulares de ingreso. Esto es fundamental, además, para evitar la exposición de los mismos migrantes a los riesgos de las actividades transfronterizas ilícitas y a la permanencia en condiciones irregulares.

Lo que acá se provoca es romper el equilibrio de la facultad de Estado de establecer políticas migratorias soberanas sin que estas sean lesivas de los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, evitar el ingreso irregular es un componente de cualquier política que se establezca para el combate del tráfico y trata de migrantes y de actividades transfronterizas ilícitas.

  1. Se extienden los recursos administrativos y judiciales contra las resoluciones de expulsión lo que hace casi inviable hacer efectiva dichas ordenes de abandono o expulsión. (artículo 140 y 142)

En la comisión de Gobierno Interior se había logrado acuerdo para establecer la forma en que se reclamarían las ordenes de abandono y expulsión:

Sede Administrativa:

  • 10 días hábiles (dos semanas) para la presentación de antecedentes y descargos antes de la dictación de la orden de abandono.
  • 10 días hábiles (2 semanas) para presentar sus descargos previos a dictarse una medida de expulsión, en el caso de que sea por una causal distinta a no cumplir el abandono.
  • Cuando se dicta la orden de abandono, se establecen los recursos administrativos ordinarios de la Ley 19.880, mientras que cuando se dicta expulsión se cuenta con la vía judicial.

Sede judicial:

  • Una vez decretada la expulsión el extranjero tiene un plazo de 10 días hábiles (2 semanas) para interponer un recurso ante la Corte de Apelaciones de su domicilio, el que deberá resolverse dentro de tres días.

Sin embargo, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado se introdujeron cambios en estos procedimientos, ampliando los tiempos para reclamar de la expulsión en sede judicial y estableciendo una nueva instancia:

  • Se mantienen los plazos en el procedimiento administrativo.
  • Se otorga el derecho a recurrir en sede administrativa contra la orden de expulsión. Esto no tiene sentido, en el caso de que la expulsión sea derivada del incumplimiento de una orden de abandono, pues ya se habrían utilizado los mismos argumentos en el proceso administrativo, ante las mismas razones que esgrimió la autoridad.

Los recursos administrativos suspenden los efectos del acto o la resolución impugnada. (Art. 141). De esta orden de expulsión, por lo demás, se podría reclamar ante los tribunales de justicia por vía recurso de reclamación o por amparo. Si se interpreta la norma, en base al principio pro homine de los principios, se podría entender que el plazo para recurrir judicialmente comienza desde que se han cumplido los plazos o decidido sobre los recursos administrativos.

  • Se aumenta de 10 días hábiles a 20 días corridos el plazo para recurrir ante la Corte de Apelaciones.
  • Se crea una nueva instancia ante la Corte Suprema sin señalar el plazo para recurrir, con lo que es aplicable la norma general de la apelación del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, es decir, 10 días. Si se entiende, en cambio, que la Corte Suprema opera como tribunal de casación –y no como instancia-, el plazo será de 15 días. Este artículo no señala el rol que cumplirá la Corte Suprema, si actuará como instancia revisora de hechos y derechos o como tribunal de casación – sólo del derecho. Establecer una nueva instancia parece excesivo y va más allá de lo necesario para respetar las normas de un debido proceso y extiende excesivamente los tiempos para hacer procedente la expulsión ya que tanto las impugnaciones administrativas como las judiciales suspenden los efectos de los actos administrativos. Al no estar normada esta nueva instancia se aplicarán las normas civiles ordinarias, pudiendo demorarse la tramitación más de un año.

Luego, ante una expulsión, el extranjero puede recurrir administrativamente (reposición y jerárquico) suspendiendo efectos y luego judicialmente con dos nuevas instancias. (Apelaciones y Suprema).

En resumen, el acuerdo alcanzado en la Comisión de Gobierno permitía deducir un recurso administrativo al dictarse una orden de abandono, dentro de un plazo de 10 días hábiles, y, de no cumplirse voluntariamente esa orden y de decretarse, en consecuencia, una orden de expulsión se podría recurrir ante la Corte de Apelaciones en un nuevo plazo de 10 días hábiles.

Con las modificaciones en la Comisión de Derechos Humanos, esto cambio significativamente, se podría recurrir administrativamente de la orden de abandono en un plazo de 10 días hábiles; de no cumplirse y dictarse la orden de expulsión se podría nuevamente recurrir administrativamente de esta decisión en un plazo de 10 días hábiles, además de poder recurrir ante la Corte de Apelaciones ahora en un plazo mayor, de 20 días corridos, y, además, reclamar ante la Corte Suprema, en un plazo de 10 o 15 días.

Con lo aprobado en la Comisión de Derechos Humanos, pasamos de dos revisiones, una administrativa y una judicial de una orden de expulsión, a cuatro, dos administrativas y dos judiciales, todo para lograr la expulsión de personas que han incumplido gravemente las normas migratorias. Esta es otra modalidad de favorecer a los extranjeros que incumplen las leyes, premiándolos con procedimientos que hacen casi imposible su expulsión.