RETIRO DE FONDOS DE PENSIONES: NUEVE COSAS QUE NO TE DICEN LOS QUE LA APOYAN

El miércoles se votará, ahora en particular, en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones. De aprobarse, pasará al Senado para su tramitación. Esta reforma permite el retiro de hasta un 10% de los fondos ahorrados para las pensiones, con un mínimo de $ 1.025.000 (UF35) y un máximo de $ 4.300.000 (UF150). 

Para efectos de evitar la caída de las pensiones como consecuencia del menor ahorro, se crea un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones. Este fondo se financiará con aportes de los empleadores y del Estado, y su objetivo será financiar, bajo criterio de progresividad, complementos de pensiones producto de los montos retirados conforme al derecho que establece la anterior disposición transitoria.

Lo que no te dicen:

1. Las reformas a los sistemas de pensiones sólo pueden proponerse al Congreso por parte del Ejecutivo, y deben ser acompañados de sendos estudios que fundamenten los cambios y sus efectos en el mediano y largo plazo. Ello para que no se presenten reformas que, si bien en el corto plazo pudieran entregar determinados beneficios, estos no se puedan sostener en el tiempo. Para evitar esta norma, que finalmente no es más que una limitación al ejercicio populista del poder por parte del Parlamento, se presentó una reforma constitucional, la cual no se sustenta en ningún estudio, estimación de los efectos de esta reforma en las futuras pensiones, así como tampoco de cómo y quién financiará este fondo colectivo.  En consecuencia, no existe ningún informe que explique o avale que la creación de este fondo realmente será capaz de compensar el retiro de fondos de forma tal que no afecte el pago de futuras pensiones. Se debe tener presente que este fondo debe contar con recursos hasta el año 2066 para el pago de retiros realizados hoy.

2. Quienes impulsan esta reforma, en forma encubierta, buscan volver a instalar en nuestro país un sistema de pensiones en base a un esquema de reparto. Un sistema de reparto significa que los que hoy trabajan deben pagar por las jubilaciones de quienes hoy ya no trabajan. Esta solución es insostenible, cuando cada año hay más personas pensionadas por personas trabajando. De acuerdo al INE, al año 1985 había 7,1 personas entre 20 y 65 años por cada persona mayor de 65 años; 5,2 se estima para el año 2025 y 3,3 para el 2050.

3. Al momento del retiro de los fondos, los afiliados al sistema no sabrán cómo y quien deberá asumir el costo del financiamiento del fondo colectivo. Ello por cuanto el retiro se puede hacer en forma casi inmediata después de aprobada la reforma, mientras que respecto al fondo colectivo recién un año después se definirá su funcionamiento.

4. De acuerdo con la última información disponible (mayo) había 11.002.136 afiliados al sistema de pensiones, de los cuales 5.260.496 eran cotizantes. Dado que al menos en parte los fondos deberán ser restituidos por los trabajadores a través de mayores cotizaciones de los empleadores, potencialmente los 5.260.496 trabajadores activos deberán también financiar los retiros de 5.741.640 de afiliados no cotizantes. Se estima que del total de los US$ 18.000 millones que pudieran ser retirados, un 64% corresponde a recursos de quienes hoy cotizan. El 36% restante de los recursos corresponden a personas que no han cotizado en el último mes. Esto significa que el costo a pagar por el reintegro del fondo sólo será asumido por quienes cotizan: el 47% de los afiliados al sistema.

5. No es una reforma que tiene como objetivo apoyar a sectores de la ciudadanía que hoy ha debido enfrentar una baja en sus ingresos producto de la pandemia, ya que permite el retiro a todos los afiliados al sistema. Independiente de su situación durante esta pandemia. Quienes impulsan esta medida se aprovechan de la difícil situación por la que atraviesa el país, para impulsar una reforma al sistema de pensiones que de otra forma no tendría apoyo. Hoy hay otros mecanismos de apoyo para quienes han tenido una caída en sus ingresos como consecuencia de esta pandemia, como lo son el Ingreso Familiar de Emergencia, mejoras al Seguro de Cesantía, créditos blandos a la clase media, entre otros, mecanismos que no implican un cambio a nuestro sistema de pensiones y enfocados en quienes han tenido una baja en sus ingresos en estos meses.

6. Pudiera traducirse en retiros de hasta US$ 18.000 millones, del orden del 9% del total de los fondos acumulados. Ello implica que las administradoras de fondos de pensiones deberán liquidar sus inversiones en un período corto de tiempo, con el consiguiente efecto en el valor de los mismos. Este efecto no es considerado por parte de quienes impulsan esta reforma, y por ende no reconocen que la misma reforma disminuirá el valor de los ahorros de los afiliados.

7. Un 27% de los actuales afiliados podrían retirar el 100% de los fondos ahorrados. De estos, un 74% corresponde a afiliados de hasta 40 años. Un 42% podría retirar más de un 10% de sus fondos acumulados, un 26% un 10% y un 4% menos de un 10%.

8. El reintegro de los fondos con el aporte de los empleadores generará dos categorías de trabajadores con dos escenarios posibles:

    • Los empleadores deberán enterar una cotización adicional, sólo respecto de los trabajadores que retiraron fondos. En este caso tendremos dos clases de trabajadores. Los que implican un costo mayor para su empleador ya que éste debe financiar al menos en parte los recursos retirados y los que le generan un menor costo al empleador ya que no retiraron fondos desde sus cuentas y por ende no deben reintegrar esos fondos.
    • Se crea una cotización adicional, de cargo del empleador, para todos los trabajadores, independiente si retiraron o no fondos. En este caso, habrá una transferencia de recursos desde quienes no retiraron recursos hacia quienes si lo hicieron, y desde las generaciones más jóvenes hacia quienes hoy realizaron retiros.

9.   Es una propuesta regresiva, ya que con recursos de todos los contribuyentes se entregará mayores beneficios a quienes hoy tienen más.

    • Los que hoy tienen fondos ahorrados en el sistema de pensiones son las personas de mayores ingresos. De acuerdo a la Tasa de Afiliación al Sistema de Pensiones (porcentaje de la población en edad de trabajar que declara estar afiliado en una institución previsional de capitalización individual con respecto al total de la población de 15 años o más) por decil de ingreso autónomo per cápita del hogar, se observa que entre las personas de ingresos más bajos (I quintil de ingresos) la tasa de afiliación al sistema de pensiones es de un 50,9%, mientras que para los de mayores ingresos es de un 81,7%. Por consiguiente, el Estado a partir de la reintegración de los fondos ahora retirados, aportará proporcionalmente mayores a recursos a los sectores de mayores ingresos (fuente: Casen 2017).
    • Las personas que hoy cotizan por rentas más altas son las que mayores recursos retirarán y, por ende, recibirán mayor apoyo del Estado cuando deban reintegrar los fondos.

Así, los trabajadores con ingresos hasta $ 500.000 podrían retirar en promedio del orden de los $ 1.100.000, lo que corresponde al 26% del potencial retiro por parte de los actuales cotizantes. Esto corresponde a trabajadores pertenecientes al 70% de menores ingresos. Por otro lado, las personas con salarios sobre $ 1.000.000, que representan el 10% de mayores ingresos, eventualmente pudieran retirar el 44% del total de los retiros de trabajadores que hoy se encuentran cotizando. Dado que la reforma plantea que estos recursos serán enterados por el Estado y/o por los trabajadores a través de sus empleadores, esta reforma es regresiva en cuanto a que los que hoy perciben mayores ingresos recibirán mayores recursos desde el Estado y/o del conjunto de trabajadores que hoy cotizan.