MOCIÓN PARLAMENTARIA SOBRE EXTENSIÓN DEL PRE Y POST NATAL CON MOTIVO DE LA PANDEMIA

Tras los dichos de la Presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, quien señaló que estaba dispuesta a cometer "un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres”-refiriéndose al proyecto de ley, originado a través de moción parlamentaria, que busca extender los permisos de pre y post natal durante el estado de excepción constitucional-, se ha puesto nuevamente en el debate la cuestión de la admisibilidad de las iniciativas cuya tramitación se promueve desde el parlamento que sobrepasan y vulneran nuestra Constitución.

Para entender el problema, es necesario señalar que la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite constitucional una serie de mociones parlamentarias (refundidas) que buscan aumentar el pre natal de 6 a 10 semanas y extender (a) el permiso de post natal parental, (b) el permiso por enfermedad grave de niño menor de un año y (c) el fuero maternal cuando su vigencia o ejercicio coincida con la declaración de un estado de excepción constitucional, hasta el levantamiento del mismo. Dichas mociones son inconstitucionales ya que tratan de materias cuya iniciativa legislativa es exclusiva del Presidente de la República porque irrogan gasto fiscal y porque inciden en materias de seguridad social.

Los permisos de maternidad (pre natal, post natal y post natal parental), se pagan con cargo al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía, el cual se financia exclusivamente con aportes fiscales que se fijan en la Ley de Presupuestos. En consecuencia, aumentar la extensión de los permisos supone un aumento en los recursos del Fondo, los que serán financiados únicamente por el Estado.

Adicionalmente, el Fallo Rol No. 2025-11 del Tribunal Constitucional, dictado con ocasión del proyecto de ley que creó el post natal parental, establece expresamente que este beneficio corresponde a materia de seguridad social y que cualquier cambio relativo a su financiamiento corresponde a una iniciativa exclusiva del Presidente. En este sentido, y más allá del texto expreso y claro de la Constitución, ya existe un precedente jurisprudencial al respecto que refuerza la inadmisibilidad de estas mociones.

En directa relación con lo anterior, es importante indicar que, según estimaciones presentadas por el Ejecutivo, sólo extender el permiso de post natal parental, para quienes debían concluir el mismo después del 18 de marzo hasta el día 30 de junio de 2020 supone un gasto de $29.759.040.768. Esta cifra NO considera el aumento del pre natal en 4 semanas y tampoco los casos en los cuales se deban aumentar licencias por enfermedad grave de niños menores de un año. Asimismo, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social señaló ayer en la Comisión de Trabajo del Senado que de los 20.000 partos mensuales, sólo 6.500 de ellos corresponden a mujeres con permiso maternal y que en promedio este aumento en la cobertura del post natal sería equivalente a que cada mujer incorporada en la medida reciba unos $ 714.000 pesos aproximadamente, cifra que es muy superior en comparación con los otras ayudas económicas entregadas a otros trabajadores.  

Es claro que para muchas madres hoy la ausencia de salas cunas es un tema a la hora de volver nuevamente al trabajo, misma situación que afecta a todas las madres del país con niños mayores a 6-7 meses, considerando que los jardines infantiles, colegios y escuelas también están cerrados. En este sentido, el trabajo a distancia o teletrabajo podría ser una solución que permite estar en la casa al cuidado del menor y al mismo tiempo conservar el puesto de trabajo, medida que debe ser interpretada a la luz del deber de cuidado de los empleadores establecida en el Código del Trabajo en la medida que el tipo de actividad pueda realizarse mediante este formato. "De esta forma también se evitaría discriminar entre quienes son madres únicamente en razón de la edad de sus hijos, cuando todas ellas presentan la misma necesidad", dice Catalina Montes, Abogada del Programa Legislativo de LyD. 

Finalmente, y analizando la propuesta del proyecto, hay que considerar que: (a) las mociones buscan incorporar un cambio permanente en el Código del Trabajo, por lo que podrían ser un desincentivo a la contratación de mujeres después de terminada la actual crisis, la cual es esencialmente transitoria, (b) no hay claridad del término del Estado de Excepción, y dada la evolución que ha tenido la pandemia, no hay claridad respecto de una fecha aproximada en la cual pudiese terminar. Sujetar entonces la extensión de estos beneficios hasta el levantamiento del Estado de Catástrofe supone incrementar los gastos por un periodo totalmente indeterminado lo que no permite cuantificar adecuadamente los gastos asociados a la medida ni el universo de personas realmente beneficiadas. (c) Se establece una discriminación arbitraria no solo entre quienes son madres, sino que también respecto de otros trabajadores que también están pasando momentos difíciles económicamente. (d) El proyecto busca la retroactividad al 18 de marzo de 2020, lo que no hace mucho sentido respecto de aquellas trabajadoras que ya volvieron a sus puestos de trabajo por haber vencido su permiso. Según el proyecto, ellas deberían volver a recibir el beneficio estatal y, por último, (e) esta es una medida totalmente regresiva, ya que beneficia a quienes más ingresos perciben. "En este punto, las mujeres que ganan un sueldo igual o menor a $ 350.000, que representan un 21% de las mujeres con permiso maternal, se llevarían sólo un 8% del total de los recursos aportados por el Estado, mientras que mujeres que ganan sobre $ 2.100.000, que representan un 8% de las beneficiarias, se llevarían el 22% del total de recursos", explica Montes.