PROYECTO QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY No. 21.227 Y LA EVENTUAL PROHIBICIÓN DE RETIRO DE UTILIDADES

La Comisión Mixta conformada para resolver las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de ley que modifica la Ley Nº 21.227 (Boletín 13.401-13) aprobó ayer una indicación presentada por parlamentarios de la oposición, que prohíbe el reparto de utilidades para aquellas empresas organizadas como Sociedades Anónimas y que quieran acogerse a la suspensión voluntaria de la relación laboral en el contexto de la crisis causada por el Coronavirus. Asimismo, la prohibición se hizo extensiva a las empresas que estructuradas como Sociedades Anónimas tengan participación mayoritaria en otras empresas organizadas bajo otra personalidad jurídica y quienes operen en paraísos fiscales.

La indicación fue aprobada por 6 votos a favor y 4 en contra, por lo que una vez terminado el trabajo de la Comisión Mixta, ambas salas (Cámara y Senado) deben ratificar o rechazar la misma. Hoy la Comisión volverá a sesionar entre las 14.00 y las 16.00 horas, en donde algunas materias a discutir serán forma de pago de las cotizaciones en el caso de suspensión de contratos, definir el pago de pensiones de alimento de aquellos trabajadores que deban cumplir con la misma y estén realizando giros del Seguro de Cesantía por acogerse a la Ley 21.227 y la posibilidad de incluir expresamente a Isla de Pascua en la nueva regulación, entre otras.

La moción tiene como principal argumento que la Ley N° 21.227 está siendo utilizada mayoritariamente por grandes empresas, por lo que sería injusto que quienes más ingresos perciben estén suspendiendo los contratos con sus trabajadores, quienes al final del día serían los únicos afectados por la crisis sanitaria que vive el país.

Lo anterior, no es efectivo, toda vez que conforme las cifras entregadas por la autoridad, hasta el día 20 de abril, el 95% de las empresas que se han acogido a dicha ley son micro, pequeñas y mediana. Asimismo, el 79% de los trabajadores acogidos integran pymes y microempresas. Adicionalmente, el 90% de las empresas que se han acogido lo están haciendo por menos de 10 trabajadores.

En directa relación con lo anterior, entre el 8 y el 15 de abril 56.986 empresas manifestaron su intención de acogerse a la suspensión de contratos, lo que comprende a un total de 786.790 trabajadores. En contraste, durante el mes de marzo de este año, la Dirección del Trabajo informó que se emitieron 299.518 cartas de despido.

Finalmente, 2.270 trabajadores de casa particular se inscribieron en su AFP respectiva para poder acceder a su fondo de indemnización en el marco de la ley.

En consecuencia, es importante destacar el hecho que, poner obstáculos desmesurados a la aplicación de la Ley N° 21.227, tiene como único efecto el aumento de los despidos y por ende la destrucción de puestos de trabajo que, bajo la misma, se buscan conservar para no agravar más aun la crisis economía y sanitaria que nos aqueja producto del Covid-19. A este respecto hay que tener en cuenta que según cifras entregadas por el Sistema de Información Laboral (SIL), a agosto del año pasado, a nivel nacional sólo son 3.095 grandes empresas en comparación con las 336.908 que corresponden a micro, pequeñas y medianas

“Hoy existe una obligación legal para repartir utilidades, cuya razón de ser es proteger a los accionistas minoritarios. En este sentido, no debemos olvidar que muchos de ellos  necesitan de esos recursos para enfrentar las actuales condiciones, recordando además  que las utilidades a repartir sería las correspondientes al ejercicio del año 2019”, explica la abogada del Programa Legislativo, Catalina Montes.

Adicionalmente, la moción propuesta atenta en contra del artículo 19, números 21, 22 y 24 de nuestra Constitución Política, que tienen que ver con el derecho a desarrollar una actividad económica, respetando las normas legales que la regulen; agregar una discriminación arbitraria para quienes quieran acogerse posteriormente; y afectar el derecho a la propiedad que tienen los accionistas sobre sus utilidades.

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