ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES TEMAS DE LA AGENDA LEGISLATIVA Y SU ESTADO DE AVANCE DE CARA A MARZO 2020

Hasta a mediados de octubre de 2019, el debate legislativo estuvo enfocado principalmente en las reformas emblemáticas impulsadas por el Gobierno, en particular por la Modernización Tributaria y la Reforma de Pensiones. Sin embargo, luego del 18 de octubre la agenda legislativa dio un giro importante, lo que se reflejó en la presentación y tramitación de una Agenda Social, una Agenda de Orden Público, una Agenda de Reactivación Económica y una Agenda Político-Constitucional.

El Programa Legislativo de LyD analizó aquellos proyectos de ley más relevantes de cada área y su estado actual.

I. PROYECTOS PARA FORTALECER CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL EMPLEO Y LA COMPETENCIA

  • MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA (Boletín N°12.043-05, en espera de promulgación)

El proyecto de ley fue ingresado el 23 de agosto de 2018 y contemplaba, en su formulación original, una serie de medidas destinadas a modernizar y simplificar el sistema tributario, así como a entregar mayor certeza jurídica a los contribuyentes.  Destacaban la reintegración del sistema tributario, el estatuto especial para las Pymes (Cláusula Pyme), la creación de una Defensoría del Contribuyente, la implementación de la boleta electrónica, entre otras medidas.

El proyecto, que en su tramitación sufrió importantes modificaciones para viabilizar su aprobación en la Cámara de Diputados, fue nuevamente objeto de modificaciones tras los lamentables hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre. Las indicaciones presentadas el 18 de diciembre, derivadas de un acuerdo suscrito por el Ministerio de Hacienda y los senadores miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, contemplan la creación de un nuevo tramo del Impuesto Global Complementario, la creación de una sobretasa a los activos inmobiliarios cuyo avalúo fiscal total exceda de los $400 millones, la eliminación de la devolución de pagos provisionales por utilidades absorbidas por retiros de utilidades o dividendos recibidos por empresas que registran pérdidas tributarias, entre otras.

El 18 de diciembre fue aprobado en general por la Comisión de Hacienda del Senado y se presentaron las indicaciones que materializaban el acuerdo descrito previamente. La aprobación de estas enmiendas, de acuerdo al último Informe Financiero del Ministerio de Hacienda, transformará esta reforma tributaria de una fiscalmente neutra a una que recaudaría US$ 2.200 millones. A fines de enero de este año fue despachado por el Congreso, por lo que se espera que sea promulgado a inicios de este año.

A pesar de la existencia de este acuerdo, el debate sobre la estructura impositiva de nuestro país continuará abierta durante el 2020. Al efecto, en el acuerdo suscrito por Hacienda y los senadores se acordó trabajar en una agenda tributaria de mediano plazo para analizar nuevos incrementos de impuestos y la eliminación o rediseño de exenciones tributarias o tratamientos preferentes.

  • PORTABILIDAD FINANCIERA (Boletín N°12.909-03)

El proyecto de ley, que innova al crear un nuevo mecanismo denominado “subrogación real del crédito” que opera por el solo ministerio de la ley, pretende facilitar significativamente el proceso de portabilidad financiera. Dicho mecanismo permite -en los casos de créditos caucionados con una garantía real- a un nuevo crédito tomar el lugar jurídico del crédito inicial, manteniéndose la totalidad de las garantías vigentes. El diseño del mecanismo permite poner fin a un trámite oneroso: la necesidad de alzar las hipotecas y constituir nuevas, limitando a su vez la incertidumbre respecto a los plazos y costos asociados.

Esta iniciativa legal, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, fue aprobada por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Se espera que se apruebe durante el primer trimestre de 2020.

  • MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS DESTINADAS A APOYAR A LAS PYMES (Boletín N°13.136-06)

Producto de la desaceleración económica que aqueja a nuestro país desde el 18 de octubre, el Gobierno presentó este proyecto de ley que pretende otorgar mayor liquidez a las Pymes afectadas. Entre otras materias, el proyecto permite (i) Postergar el pago del IVA; (ii) Percibir anticipos de la devolución de impuestos; (iii) Crear un régimen especial de donaciones, de carácter transitorio, para ir en apoyo de las Pymes afectadas; y (iv) los alcaldes podrán postergar el pago de la patente municipal.

El proyecto, que contó con urgencia de “discusión inmediata”, tuvo un amplio respaldo parlamentario y se tramitó rápidamente en el Congreso Nacional, transformándose en ley en enero de este año.

Además de los proyectos indicados, y con el objeto de fortalecer el crecimiento económico y empleo, destacan también los proyectos misceláneos impulsados por el Ministerio de Economía pro inversión, pro productividad y el proyecto pro consumidor, entre otros, todos los cuales están tramitándose en el Congreso. Asimismo, se anunció la presentación de una serie de proyectos de ley para combatir distintos tipos de abusos. En concreto, se anunciaron cambios a la normativa que protege la libre competencia en los mercados (Decreto Ley 211), al cuerpo legal que protege a los consumidores (Ley N°19.496) y la legislación vigente en materia de mercado de capitales (Ley N°18.045).

II. AGENDA LABORAL Y PREVISIONAL

  • REFORMA PREVISIONAL (Boletín N°12.212-13)

El proyecto, ingresado a tramitación el 6 de noviembre de 2018, contemplaba incrementos al Pilar Solidario y además creaba beneficios para la clase media, mujeres y adultos mayores. Además, para aumentar las pensiones futuras, se proponía incrementar la cotización obligatoria en 4 puntos porcentuales, que se destinarían íntegramente a la cuenta individual del cotizante. Adicionalmente, se incorporaban medidas para fortalecer la competencia en la industria de las AFP.

Sin embargo, el Gobierno, en razón de su minoría parlamentaria y de los lamentables hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre del año pasado, debió modificar en varias ocasiones su propuesta original con el objetivo de viabilizar la aprobación de esta importante reforma.

Un acuerdo entre el Gobierno y diputados de la DC permitió el avance de la reforma, con lo cual el Ejecutivo modificó nuevamente el espíritu de su reforma y fue presionado para presentar el día 20 de enero de este año un nuevo grupo de indicaciones.

En particular, se proponía aumentar gradualmente en un 6% la tasa de cotización, del cual tan sólo un 3% iría a las cuentas de ahorro individuales, mientras que un 2,8% a un Programa de Ahorro Colectivo Solidario y un 0,2% a un seguro de dependencia. Con las modificaciones introducidas, el Pilar Contributivo será cada vez menos relevante y crecerá, en cambio, la participación del actual Pilar Solidario y también la del nuevo Fondo de Ahorro Colectivo Solidario.

Finalmente, el 29 de enero, y aun sin materializarse en indicaciones el acuerdo descrito anteriormente, se votó la iniciativa en la Sala de la Cámara de Diputados. Con su aprobación, la tramitación legislativa de este proyecto continuará en su segundo trámite constitucional en el Senado, donde se espera se presenten las nuevas indicaciones comprometidas.

  • INGRESO MÍNIMO GARANTIZADO (Boletín N°13.041-13)

Este proyecto de ley, que forma parte de la Agenda Social impulsada por el Gobierno, pretende crear un subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado. En concreto, el proyecto sigue la estructura del esquema del ITC (Earned Income Tax Credit) aplicado en Estados Unidos y pretende otorgar un aporte monetario directo a los trabajadores más vulnerables de nuestro país. En su tramitación, el proyecto ha sufrido importantes modificaciones. La primera, el aumento del monto del subsidio por parte del Gobierno, que permitirá que los trabajadores que reciben el sueldo mínimo alcancen una suma cercana a los $300.000 líquidos. La segunda, en tanto, es la prohibición de otorgarle este subsidio a los trabajadores de empresas grandes.

A fines de enero, la comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto, con lo que la iniciativa quedó lista para ser discutida por la Sala del Senado en su segundo trámite constitucional. Esto se espera que ocurra en marzo del presente año.

  • REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL (Boletín 11.179-13)

El proyecto conocido como “40 horas” fue ingresado en marzo de 2017 por diputados del Partido Comunista. Pese a haber sido declarado inadmisible por inconstitucionalidad en dos oportunidades, la tramitación del proyecto fue reactivada a mediados de 2019. Respaldada la iniciativa por una fuerte campaña en prensa y redes sociales, la oposición hizo caso omiso a las advertencias tanto de inconstitucionalidad del proyecto, en cuanto supone gasto público -facultad reservada exclusivamente al Presidente de la República- como del negativo impacto que tendría en el mercado laboral, apoyando el proyecto de manera transversal y permitiendo así su aprobación.

Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Trabajo del Senado, donde fue aprobado en general a fines de enero. Se ha establecido como fecha límite para presentar indicaciones el 20 de marzo, momento en que se retomará su tramitación y se procederá a su análisis en particular.

La Comisión Nacional de Productividad (CNP) estima que este proyecto generará, en el corto plazo, una reducción de los salarios mensuales reales de 3% promedio, y en un horizonte de 4 a 5 años, una reducción del PIB de 2,5% a 7,5% y una caída en la productividad de 1% a 3,5%. Por estas razones y dado el delicado contexto económico actual, es que la mesa técnica convocada por el Gobierno para revisar la reducción de la jornada laboral, propuso suspender la tramitación de dicha iniciativa.

En definitiva, y en el evento que no se suspenda su tramitación, el proyecto debiera ser seriamente replanteado y reformulado, sobre todo considerando el delicado contexto económico.

  • SALA CUNA UNIVERSAL (Boletín N°12.026-13)

Este proyecto de ley fue ingresado por el actual gobierno de Sebastián Piñera el 17 de agosto de 2018. Luego de más de un año de tramitación y significativas modificaciones, fue aprobado en la Comisión de Trabajo del Senado. Posteriormente, fue rechazado en general en la Comisión de Educación, y actualmente se encuentra en tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado, en primer trámite constitucional.

Este proyecto establece que toda mujer trabajadora contará con el derecho de enviar a la sala cuna de su elección a su hijo, gracias a un fondo que será financiado con cotización de todos los trabajadores de Chile, independiente del tamaño de la empresa en que trabaja o incluso si lo hace de manera independiente.

El proyecto, sin embargo, ha sufrido importantes modificaciones. Por una parte, se modificó la institución que administrará el fondo y el beneficio, estableciéndose que lo haría el Instituto de Previsión Social. Por otra, se eliminó la posibilidad de los padres de copagar la sala cuna, de manera que las familias no podrán aportar dinero sobre el monto del beneficio recibido -el cual es más bajo que la mensualidad promedio de las salas cunas del país-, viéndose obligados a enviar a sus hijos a aquellas instituciones cuya mensualidad se encuentre dentro del margen otorgado por el Estado. Es deseable que estas modificaciones sean revisadas y reevaluadas, tanto en la Sala del Senado como posteriormente en la Cámara de Diputados.

Se espera que se retome la tramitación de este proyecto durante el primer semestre del presente año.

III. AGENDA POLÍTICA-CONSTITUCIONAL

  • REFORMA A LA CONSTITUCIÓN PARA PROCESO CONSTITUYENTE (Ley N°21.200)

A raíz del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución suscrito por la mayoría de los partidos políticos nacionales el 15 de noviembre de 2019, se tramitó una reforma al capítulo XV de la Constitución Política de la República, para establecer la celebración de un plebiscito el 26 de abril del próximo año en que se pregunte a la ciudadanía si quiere o no que se dicte una nueva Constitución y por qué órgano, y en caso afirmativo, regula las diversas etapas de su producción.

Parte del acuerdo consistía en entregar la determinación de sus aspectos procedimentales a una comisión técnica compuesta de manera paritaria entre el oficialismo y la oposición. Dicha comisión entregó su propuesta el 6 de diciembre de 2019, y a partir de dicho texto se inició la tramitación de reforma constitucional. Sin embargo, y en contra de texto expreso del acuerdo, los parlamentarios de oposición quisieron incluir elementos no contemplados en el acuerdo y en franca oposición con el mismo, como lo son normas de paridad de resultado entre hombres y mujeres y de escaños reservados para pueblos indígenas. Dichas indicaciones, si bien fueron rechazadas en la votación del proyecto, se presentaron luego como proyectos de ley independientes, los cuales están siendo tramitados en este momento.

El proyecto fue rápidamente tramitado, y ya se ha convertido en ley de la República.

  • REBAJA DIETA PARLAMENTARIA Y REMUNERACIONES DE AUTORIDADES (Boletín Nº9304-07)

La moción parlamentaria aprobada por la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, establece que las remuneraciones y dietas de las autoridades y jefaturas de la Administración del Estado, del Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio y Justicia Electoral, Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas de orden y seguridad pública, Consejo de Seguridad Nacional y de Gobierno y Administración Interior del Estado, además de las de empresas y universidades del Estado, serán fijadas cada cuatro años por una comisión externa. Junto con ello se establece como tope máximo que ninguna autoridad pública podrá recibir una remuneración o dieta superior a la que perciba el Presidente de la República.

Asimismo, se fija que ninguna persona parte de la planta, o de las contratas o que se encuentre a honorarios podrá percibir una remuneración mayor a la que será establecida para sus respectivas autoridades. En forma transitoria, además, se establece que en el período que media entre la publicación de esta reforma constitucional y la fijación de las remuneraciones que establezca la comisión creada para estos efectos, las autoridades de la Administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en el Gobierno y Congreso Nacional, sólo tendrán derecho a percibir el 50% de su remuneración o dieta vigente.

Más allá de la señal de austeridad que se persigue, debe velarse especialmente porque se generen los incentivos correctos para atraer a personas de alta preparación y experiencia profesional a cargos públicos, al tiempo de no generar incentivos perversos (posibles riesgos de corrupción) que hace algunos años hubo que remediar. En ese sentido, esperamos que en el Senado exista una discusión seria que considere criterios objetivos y transparentes en la determinación de las remuneraciones y que sopese los beneficios y las externalidades.

Durante enero se escucharon invitados en la comisión de Constitución del Senado, y se espera que se retome su tramitación en marzo.

IV. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

  •  DATOS PERSONALES (Boletín N°11.144-07)

Este proyecto de ley fue ingresado el 15 de marzo de 2017 por el gobierno de la entonces Presidenta Michele Bachelet. Actualmente se encuentra en primer trámite constitucional, en votación en particular en la comisión de Constitución del Senado, faltando muy poco para que sea enviado a Sala.

El proyecto contiene aspectos positivos en cuanto protege de mejor manera la privacidad de las personas. Sin embargo, más que sobre regular, lo relevante es informar a la población sobre el uso que se les dará a sus datos y proveer de mecanismos eficientes y expeditos para que los ciudadanos puedan consentir -o no- a su tratamiento. Por otra parte, si bien resulta adecuado y atendible modificar y actualizar el sistema sancionatorio, penas y multas excesivamente altas también pueden resultar contraproducentes.

A comienzos de enero, la comisión de Constitución del Senado despachó el proyecto a Sala, ratificando que el Consejo para la Transparencia será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa.

  • INTEGRIDAD PÚBLICA (Boletín N°11.883-06)

Este proyecto de ley fue ingresado el 6 de julio de 2018, por mensaje del actual Ejecutivo. Se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Gobierno del Senado.

Si bien este proyecto supone un avance, en cuanto regula el ingreso de parientes a la administración pública -estableciendo criterios objetivos relativos al mérito de los candidatos- y previene potenciales conflictos de interés, dificulta excesivamente el tránsito entre sector público y privado. El proyecto incorpora el periodo de carencia o cooling off period, que es excesivo -un año- y sin compensación económica asociada. Estas disposiciones deben ser debatidas con cautela para no desincentivar, ex ante, el ingreso a la función pública de muchos candidatos talentosos y deseosos de aportar al país.

V. INFANCIA

  • SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ (Boletín 12.027-07)

En este gobierno se decidió continuar la tramitación de un proyecto de la administración anterior que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, vinculado al Ministerio de Justicia (Boletín 11.174-04), y presentar un proyecto de ley encargado de crear el Servicio de Protección a la Niñez, vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, cuyos fines fueran no sólo atender a menores vulnerados sino también a sus familias, para propender en la medida de lo posible a la reinserción familiar, siendo este un valor fundamental.

La tramitación del primer proyecto ha sido bastante lenta, considerando que fue presentado en abril del año 2017 y aún se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado. El segundo proyecto, por su parte, si bien tuvo una rápida tramitación en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, se encuentra desde marzo del 2019 en su segundo trámite en el Senado, sin gran avance. El acuerdo transversal respecto al diseño del Servicio de Protección a la Niñez alcanzado en la Cámara de Diputados, se ha complicado en el Senado, donde ha habido discrepancias en torno a la desagregación funcional de varias funciones en unidades comunales, a fin de propender a su especialización para los casos más severos, y también, en relación a los principios que lo deben regir.

  • ATENCIÓN PREFERENTE PARA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS DEL SENAME (Boletín 12.849-11)

Este proyecto es relativamente reciente. Fue presentado a tramitación en agosto de 2019 y aprobado en general por unanimidad de los senadores de la Comisión de Salud, en octubre. Es de esperar que se vuelva a retomar prontamente su discusión.

Una de las mayores carencias que se evidencia actualmente en las distintas residencias del Sename es la dificultad de acceso y continuidad en prestaciones de salud mental. Así las cosas, la moción parlamentaria presentada por un grupo transversal de senadores que consagra un derecho de atención preferente en los establecimientos de salud para los niños y adolescentes internados en establecimientos del Sename que padecen enfermedades mentales certificadas por médicos especialistas, puede ser una solución que daría una respuesta rápida a esta necesidad, sin perjuicio de que la redacción de proyecto requiere de algunas mejoras.

VI. AGENDA DE SALUD

  •  REFORMA AL FONDO NACIONAL DE SALUD (Boletín 178-11)

El gobierno del Presidente Piñera ingresó a la Cámara de Diputados el 7 de enero pasado un proyecto de ley para “Reformar el Fondo Nacional de Salud y crear un Plan de Salud Universal”, conocido como “Mejor Fonasa”.

 El proyecto busca darle a Fonasa un rol de verdadero seguro público de salud, con un modelo de atención basado en una red de prestadores definida por él mismo. Así también, y entre otras modificaciones, se define un Plan de Salud Universal (PSU) para todos sus beneficiarios, se crea un seguro de medicamentos y se le da una nueva gobernanza a la institución.

Se trata de una reforma profunda que busca resolver las principales demandas ciudadanas en materia de salud, como son el alto gasto de bolsillo y las largas listas de espera en el sector público.

  • FÁRMACOS II (Boletín 9.914-11)

Este proyecto de ley, del año 2015, actualmente se encuentra en tercer trámite constitucional, esto es, en la revisión que realiza la Cámara de Origen (el Senado) de las modificaciones hechas por la Cámara Revisora (la Cámara de Diputados) y pasará prontamente a Comisión Mixta en la que se resolverán las diferencias entre ambas Cámaras, para poder ser pronto ley.

El principal objetivo del proyecto es mejorar el acceso de las personas a los medicamentos, generando condiciones que permitan adquirirlos a menor precio y en mejor oportunidad. Así, algunas de las ideas aprobadas en el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados tienden a esto, pero otras, bajo esta misma justificación podrían generar efectos adversos, ya que significan mayor intervención del Estado en el funcionamiento de este mercado alternando su funcionamiento.

El proyecto de ley superó el tercer trámite constitucional y deberá ser revisado por una comisión mixta a partir de marzo.

  • INTERMEDIACIÓN DE MEDICAMENTOS POR CENABAST (Ley Nº21.198)

El 8 de enero de este año se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº21.198, que permite a farmacias, almacenes farmacéuticos e instituciones de salud sin fines de lucro, obtener medicamentos a través de la intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

El rápido avance de este proyecto, que fue introducido a tramitación en la Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2019, demuestra que con voluntad política se puede avanzar en soluciones que pueden incidir en los problemas que más aquejan a la población, como es el alto costo de los medicamentos. Además, es muy importante que se haya mantenido el carácter voluntario de la medida, el que no fue cuestionado en todo su paso por el Congreso Nacional, ya que permite resguardar el derecho fundamental de desarrollar libremente toda actividad económica (artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República) y respeta el rol subsidiario que debe tener el Estado.

VII. AGENDA DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

  •  DELITOS DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA (Ley N°21.208)

Esta moción parlamentaria fue ingresada a tramitación el 25 de noviembre de 2019. Si bien este proyecto no es del Ejecutivo, contó con su apoyo, lo que se reflejó a través de la interposición de urgencias para su tramitación, formando parte de la Agenda de Orden Público promovida por el Gobierno.

El proyecto fue aprobado en enero, convirtiéndose en Ley de la República el 30 de enero de 2020. Entre sus aspectos más destacados está la tipificación de la práctica conocida coloquialmente como “El que baila, pasa”, y el aumento en la pena asociada a otros delitos que atentan contra el orden público.

  • MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA PROBIDAD DE LAS FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD (Boletín 12.250-25)

Este proyecto de ley fue ingresado a tramitación en el Senado en noviembre de 2018, fruto de las recomendaciones del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Su finalidad es actualizar los estándares de las Fuerzas de Orden y Seguridad en materias de gestión, estableciendo el deber de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de establecer planes de desarrollo estratégico, con lo cual deberán fijar metas y evaluar su cumplimiento periódicamente.

A pesar de ello y de haber existido un gran consenso en su primer trámite constitucional en el Senado, en la Cámara de Diputados, donde se encuentra en segundo trámite constitucional, se han puesto trabas para su discusión por considerarse insuficiente para el contexto actual.

VIII. EDUCACIÓN

  •  MODERNIZACIÓN DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (12.979-04)

Este proyecto de ley fue ingresado a tramitación por el Ejecutivo el día 8 de octubre de 2019 y si bien su movimiento en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados estuvo suspendida un tiempo, en las últimas semanas de 2019 se avanzó intensamente en escuchar a expertos y a la sociedad civil, para votar la idea de legislar. Sin embargo, aunque el proyecto fue aprobado en general, no contó con el apoyo de varios diputados de oposición, los que expresaron preocupación de que con las reformas propuestas se pierda el objetivo principal de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) en el mejoramiento educativo al que estaba destinada originalmente.

El proyecto de ley viene a simplificar la rendición de cuentas sobre el destino de los mayores recursos, equiparándolos en buena medida al uso de los recursos generales. Junto con ello, transforma el Plan de Mejoramiento Educativo en una herramienta exclusivamente de planificación, eliminando su carácter de rendición de gastos, precisamente porque el foco debe estar puesto en esto.

  • SUBVENCIÓN EDUCACIÓN PARVULARIA (12.436-04)

Por medio de este proyecto de ley, ingresado a tramitación en marzo de 2019, se establece una subvención para los niveles medios de la educación parvularia, esto es, los correspondientes a niños de 2 años a 3 años 11 meses de edad. Por ello, los mayores recursos estarán condicionados a que los establecimientos cuenten con reconocimiento oficial.

Este proyecto ya fue aprobado en general y en particular en la Comisión de Educación de la Cámara, pero quedó desarticulado porque se rechazó por la mayoría de diputados de oposición el mecanismo de financiamiento- subvención-, pues se inclinan a preferir un financiamiento basal, que no considere la asistencia por alumno. Ahora bien, que sea a través de una subvención permite ajustar en forma adecuada la oferta a la demanda efectiva en cada territorio y, del mismo modo, la vinculación de los pagos a la asistencia promedio permite incentivar la asistencia y reducir las tasas de ausentismo crónico que no permiten un verdadero aprovechamiento de los beneficios que puede conllevar una educación inicial de excelencia.

IX. MEDIO AMBIENTE

  • MODIFICACIONES EN LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL Y EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (Boletín N°12.714-12).

 Transcurridos varios años desde la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en julio de 2018 el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley con el objeto de modernizarlo (Boletín Nº11.952-12). Sin embargo, el Ejecutivo decidió retirar este proyecto, ingresando en junio de 2019 un nuevo proyecto de ley que comparte prácticamente los mismos objetivos, pero manteniendo importantes diferencias con el anterior.

Sin perjuicio de algunos aspectos que deben revisarse, tales como la ampliación de la participación ciudadana que se pretende, el nuevo proyecto de ley procura agilizar los procesos de evaluación ambiental y otorgar una mayor certeza jurídica para los inversionistas y la ciudadanía, aumentando el componente técnico en la evaluación de proyectos.

A la fecha, el proyecto de ley se encuentra, en primer trámite constitucional, en estudio en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, pero no ha experimentado mayores avances.

  • DELITOS AMBIENTALES (Boletín Nº12.398-12)

Se trata de un texto refundido que comprende un proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo y diversas mociones parlamentarias relativas a la materia, que fue despachado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado en agosto de 2019 y que aún está a la espera de ser conocido por la Comisión de Constitución del Senado, en su primer trámite constitucional.

En términos generales, la iniciativa pretende sancionar penalmente conductas dolosas y culposas que atentan gravemente contra el medio ambiente. De avanzarse en la tipificación de estos delitos, el proyecto en tramitación contiene aspectos problemáticos que deberían revisarse, tales como la amplitud de los tipos penales que se consagran, la titularidad de la acción penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros aspectos.

  • PROTECCIÓN DE GLACIARES (BOLETÍN Nº11.876-12).

Se trata de una moción parlamentaria ingresada el 4 de julio de 2018, que fue aprobada en general por el Senado y que deberá ser estudiada tanto por la Comisión de Medio Ambiente como de Minería del Senado.  Ahora bien, el 13 de septiembre de 2019, el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva que está siendo actualmente analizada por la Comisión de Minería del Senado.

La moción parlamentaria tiene graves problemas conceptuales y legales. Es reflejo de un conservacionismo absoluto y sin ningún tipo de consideración técnica que reconozca que no todos los cuerpos de hielo son iguales, ni tienen el mismo aporte hídrico. En ese sentido, la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo constituye un avance significativo.

Sin embargo, es importante señalar que en Chile los glaciares ya se encuentran protegidos. El 83,5% de la superficie glaciar está en áreas protegidas del Estado y el resto se protege a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Éste es el enfoque adecuado y que utilizan los países desarrollados para la gestión ambiental. De lo contrario, una ley específica de protección a glaciares podría desincentivar el progreso económico sin que ello se traduzca en una conservación efectiva de los glaciares, los que seguirán retrocediendo debido al cambio climático.

  X. ENERGÍA

  •  LEY CORTA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Ley N°21.194)

Luego de 9 meses de tramitación, con fecha 21 de diciembre de 2019, fue publicada la Ley N°21.194 que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica.  Entre otras cosas, la ley fija una nueva tasa de actualización, que es representativa de los riesgos que actualmente enfrentan las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica. En efecto, esta tasa será aplicable después de impuestos y para su determinación se deberá considerar el riesgo sistemático de las actividades propias de las empresas concesionarias de distribución eléctrica en relación al mercado, la tasa de rentabilidad libre de riesgo y el premio por riesgo de mercado. Adicionalmente, la tasa de actualización no podrá ser inferior al 6% ni superior al 8%, esto en línea con las recientes modificaciones de mercados regulados como transmisión y gas.

Asimismo, se moderniza el procedimiento de determinación y fijación de las tarifas de distribución, a fin de determinar adecuadamente los costos eficientes de prestar el servicio de distribución.

Cabe señalar que el Ministerio de Energía se comprometió a ingresar para su discusión a más tardar el día 1 de marzo de 2020, una Ley Larga de Distribución y Comercialización Eléctrica que aborde la incorporación de competencia en la distribución y comercialización; una revisión al esquema de la empresa modelo; mejoras en los sistemas de información y transparencia del sistema, entre otros aspectos.

XI. OTROS

  •  NUEVA LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (BOLETÍN N°8970-06)

Ante el considerable flujo migratorio recibido en Chile en los últimos años, el Presidente Piñera, a inicios de su mandato (abril 2018), presentó una serie de indicaciones al proyecto de ley de migración y extranjería ingresado en su mandato anterior, planteando un nuevo enfoque en materia de política migratoria.

El proyecto actualmente está en segundo trámite constitucional y está siendo analizado en particular por la Comisión de Gobierno del Senado, pronto a ser despachado por dicha comisión, debiendo ser analizada por la comisión de Derechos Humanos antes de ir a discusión en Sala. Entre las materias que requieren mejoras, en relación a lo aprobado por la Cámara de Diputados, se encuentran aquellas relacionadas a temas laborales y al proceso de reconocimiento y convalidación de títulos tanto a nivel universitario como a nivel técnico profesional. Se espera que durante el primer semestre de 2020 se transforme en ley.