LA REVUELTA DE CHILE

  • El país se ha visto conmocionado, hasta límites no vistos en mucho tiempo, por las inusitadas y numerosas manifestaciones de violencia que se han extendido por buena parte del territorio nacional. El alza de $ 30 en el pasaje del Metro, que ya fue revocada mediante una ley propuesta por el Gobierno al Congreso, fue un detonante, pero casi todos están de acuerdo en que no puede explicar la magnitud del descontento.
  • Para intentar comprender la naturaleza de estos hechos hay que recurrir a varias cuestiones, entre las que están el origen y la convocatoria a protestas, el foco en el Metro de Santiago, la capacidad de nuestra institucionalidad para enfrentar esta situación, la protesta social que ha convivido con los actos de violencia, la reacción del Gobierno y las vías para encauzar nuevamente nuestra convivencia por caminos institucionales y de paz.

El país se ha visto conmocionado, hasta límites no vistos en mucho tiempo, por las inusitadas y numerosas manifestaciones de violencia que se han extendido por buena parte del territorio nacional.

Para intentar comprender la naturaleza de estos hechos hay que recurrir a varias cuestiones, entre las que están el origen y la convocatoria a protestas, el foco en el Metro de Santiago, la capacidad de nuestra institucionalidad para enfrentar esta situación, la protesta social que ha convivido con los actos de violencia, la reacción del Gobierno y las vías para encauzar nuevamente nuestra convivencia por caminos institucionales y de paz.

EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA

Los hechos comenzaron con una convocatoria organizada a evadir el pago de la tarifa del Metro, que había experimentado la semana anterior un alza de $ 30, para dejar el valor de hora punta en $ 830 y la más baja en $ 640, según lo recomendara el panel de expertos de acuerdo a la institucionalidad que rige las tarifas del transporte público. Estas acciones se extendieron rápidamente y fueron acompañadas de acciones violentas contra la infraestructura del Metro. Fueron apoyadas abiertamente por el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio y, con matices, por parlamentarios y políticos de la izquierda.

Enseguida, se empezó a extender una protesta cuya primera manifestación fue el toque de cacerolas y la salida de gente a la calle para apoyar de diversas formas la iniciativa de evasión. La violencia empezó a subir de tono y hacia el fin de semana se quemaron buses, se incendiaron edificios y se registró una coordinada acción destinada a incendiar e inutilizar estaciones del Metro. Esta última no fue la acción de gente protestando, sino que parece haber sido obra de profesionales que actuaron con planificación, usando elementos acelerantes para quemar las estaciones. Por otra parte, en diversos sectores de la capital empezó el saqueo a supermercados y el vandalismo, destruyendo bienes públicos y privados y atemorizando a la población. Paralelamente, se registraron ataques incendiarios a supermercados, que perseguían fines distintos al saqueo, destinados a afectar la cadena alimenticia. Estos últimos fueron, como los ataques a estaciones de Metro, realizados por una mano profesional y con elementos de alta eficacia. El Gobierno decidió entonces decretar Estado de Emergencia y la autoridad militar a cargo decretó toque de queda los días sábado y domingo en Santiago, lo que se ha extendido a las principales ciudades del país y se mantiene hasta hoy.

La situación había entrado a un nuevo estadio de violencia, en que además se confundía la protesta social con el vandalismo y el ensañamiento con las instalaciones del Metro, con el manifiesto propósito de paralizar la ciudad. Estábamos frente a un virtual asalto a la institucionalidad y al poder democráticamente electo, y el máximo dirigente del Partido Comunista pidió públicamente la renuncia del Presidente Piñera. Las convocatorias que después se han conocido a paros de la CUT, trabajadores portuarios, del cobre, de la salud y la educación, muchos controlados por el PC, convergen hacia una acción organizada de insurgencia contra el poder establecido.

El Frente Amplio, por su parte, condenó enérgicamente la declaratoria de Estado de Emergencia y puso como condición para dialogar su revocación, sin consideración alguna hacia el peligro que corre la población por el nivel que ha alcanzado la violencia.

El origen y el carácter distintivo de estos hechos, más allá de su masividad, ha sido el intento de revocar el poder que la ciudadanía concedió al Presidente Sebastián Piñera. No es casualidad que estas protestas no tengan líderes visibles, sino que éstos permanezcan en la clandestinidad.

MANTENCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

Es difícil entender esta situación sin referirse al debilitamiento del Gobierno y las instituciones constitucionalmente llamadas a mantener el orden público y reprimir la violencia de manera legítima. Conocidas son las situaciones que han afectado a Carabineros. Dos de ellas, la operación Huracán en la que el alto mando participó en la falsificación y encubrimiento de pruebas para inculpar a los imputados y el caso Catrillanca, dieron un golpe mortal a la credibilidad y legitimidad de la policía uniformada frente a la población, arrastrando de paso a las autoridades del Ministerio del Interior. A partir de ello, la represión legítima que debe ejercer Carabineros frente a actos violentos se redujo hasta casi desaparecer. La falta de respaldo a los uniformados, su baja inmediata en caso de sospecha de haber actuado con excesos, son todos factores que contribuyeron a ello.

Por supuesto estas situaciones han debilitado el combate a los violentos actos que efectúan los instigadores de la protesta. Hoy día la mayoría del país apoya la presencia de militares en las calles, por supuesto como una cosa excepcional; y debe ser retirada una vez que sea posible, sin poner en grave riesgo la seguridad de la población.

LA PROTESTA SOCIAL

Las causas de la protesta social son difusas y resulta curioso ver a muchos proponiendo soluciones sin tener claro el diagnóstico. El alza de $ 30 en el pasaje del Metro, que ya fue revocada mediante una ley propuesta por el Gobierno al Congreso, fue un detonante, pero casi todos están de acuerdo en que no puede explicar la magnitud del descontento. De hecho, el alza no superó el 4% en hora punta y desde el inicio del Transantiago en el 2007, el salario mínimo ha subido más que el pasaje del Metro. Adicionalmente, aunque pocos lo saben, el Estado ya financia un 50% del costo que verdaderamente tiene el transporte público a través de un subsidio. Se mencionan también como causantes del malestar las alzas de las tarifas eléctricas y del agua, pero de nuevo, éstas no han experimentado reajustes mayores al del salario mínimo. Otro factor repetido en los diagnósticos es la desigualdad, pero resulta que ésta viene reduciéndose sistemáticamente desde el año 2000 medida por el coeficiente de Gini, que ha disminuido más de 6 puntos porcentuales hasta la última medición del 2017.

Todo ello lleva a pensar que la generalizada sensación de agobio económico estaría relacionada con el hecho que los salarios no han aumentado a la par de las expectativas de la gran mayoría de la población. Esto es una consecuencia directa del insuficiente crecimiento de la economía en los últimos años. Los índices de crecimiento en Chile en los últimos 30 años son espectaculares, pero en los últimos cinco son paupérrimos, tal como se aprecia en el Gráfico N° 1.

Tal como se observa, entre los años 1990 y 1999 el ingreso per cápita aumentó en 51,4%, mientras que entre 2000 y 2009 lo hizo en 29,8%. En la última década, en cambio, el incremento acumulado ha sido mucho más modesto y de hecho entre 2015 y 2019 será sólo de 4,6% en total, lo que implica menos de 1% anual.

Otro factor muy mencionado en las encuestas es el nivel de las pensiones, también el precio de los remedios y la deficiente atención en el sistema de salud. Todas ellas han estado en la agenda del actual Gobierno y pese a que mucha gente lo culpa, los proyectos para resolverlas no han contado con el apoyo de la oposición.

Lo paradojal de esta situación es que muchas de las propuestas que se escuchan como parte de un nuevo pacto social -congelación de tarifas, fijaciones de precios- pueden hacer un enorme daño a la capacidad de crecer de la economía chilena, que es nuestro principal problema hoy y repercute directamente en quienes tienen más necesidades. Por supuesto, se pueden revisar los sistemas tarifarios, adecuarlos a rentabilidades más alineadas con el nivel de las tasas de interés, pero no congelarlos. Recordemos las experiencias de Ecuador y Argentina con la congelación de tarifas y precios y la reacción de la población cuando por necesidades financieras, de caja y de solvencia, esos países tuvieron que aplicar tarifazos con alzas significativas. No va por ahí el camino.

Parece evidente, en cambio, que el Gobierno debiera insistir y concordar una reforma a las pensiones, que le permitiría hacerse cargo de una parte importante del problema que afecta a las familias chilenas. La reforma de pensiones presentada con anterioridad por el Gobierno no sólo mejora las pensiones para los próximos 40 años mediante el 4% adicional de cotización, sino que contiene incrementos inmediatos para más de un millón y medio de pensiones actuales, e incorpora a más de medio millón de personas adicionales, principalmente mujeres de ingresos medios, a los beneficios del Pilar Solidario. Las medidas anunciadas esta semana por el Presidente Piñera adelantan estos beneficios del Pilar Solidario del sistema de pensiones. Debiera también, con la ayuda de la oposición, sacar adelante su ambiciosa agenda para disminuir el precio de los remedios y mejorar la atención de los sistemas de salud.

Por último, en relación a este tema, los dolores que se manifiestan en la protesta no apuntan sólo a cuestiones materiales. Se trata de personas que piden igual dignidad en el trato, que se rebelan contra privilegios de la elite, incluyendo a los políticos en ese grupo. También hay que buscar fórmulas para responder a ese clamor.

LA SITUACIÓN DEL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

Es evidente que la capacidad política del Gobierno se ve hoy debilitada a los ojos de la opinión pública y el Presidente Piñera tendrá que arbitrar las medidas para fortalecerla. La magnitud de la tarea que hay por delante, si atendemos a la generalizada sensación de que hay que cambiar nuestro pacto como sociedad para superar este momento, debe contar necesariamente con un Gobierno más fuerte y con el aporte de la oposición y de toda la sociedad. Los partidos oficialistas, por su parte, deben aportar con ideas y propuestas que representen a sus votantes, en lugar de asumir acríticamente posturas populistas que podrían agravar el problema si es que el país no crece económicamente.

También se requiere de una oposición, que más allá de las legítimas diferencias que existen entre los distintos partidos que la conforman y con el Gobierno, debe actuar con responsabilidad y no repetir lo que hemos visto esta semana en el Congreso. Hasta ahora no ha sido capaz de definir liderazgos que aporten a la solución de los problemas del país. Son entonces nuestros políticos los que están fallando en estos cruciales momentos. La reacción de la oposición frente a los hechos que vivimos no puede ser sacar ventajas de corto plazo para sus posiciones, pues así será difícil avanzar. No pueden pretender que el Presidente Piñera ponga en práctica el programa de ellos.

Así, los políticos opositores, más que intentar sacar ventajas pequeñas, debieran contribuir, desde la institucionalidad, a resolver algunos de los problemas que aquejan a los chilenos, con medidas consensuadas con el Gobierno. No escapará, a unos y otros, que entre los privilegios que se consideran más irritantes están las remuneraciones parlamentarias y sus gastos.

El Gobierno ha estado en lo correcto al llamar al diálogo político, es lo mínimo para la magnitud de la crisis. Ojalá los partidos estén a la altura de lo que la ciudadanía pide. El Partido Socialista decidió restarse, confirmando que negar la sal y el agua a este Gobierno es la principal motivación de su directiva. El Partido Comunista y el Frente Amplio tampoco asistieron, confirmando que desde el primer día han estado alentando no sólo la protesta, sino también coadyuvando a la paralización de las ciudades de Chile.

LOS ANUNCIOS DEL PRESIDENTE PIÑERA

El presidente Sebastián Piñera, luego de conversar con los presidentes de los partidos que asistieron a su convocatoria a un diálogo político, dio a conocer importantes medidas de una agenda social que se haga cargo de las demandas de la ciudadanía. Creemos que van en la dirección correcta y sólo las enunciamos aquí, sin perjuicio de un posterior análisis. Lo que viene es una etapa de conversaciones y negociaciones en que el Gobierno y todos los partidos que estén por respetar el orden institucional, asuman la misión de sacar al país de este momento.

 

Muchos más estamos convocados a aportar con nuestras ideas y diagnósticos a superar el clima de división que reina en el país. Nadie puede pretender tener toda la razón ni menos imponerla. La ciudadanía castigará con el voto a quienes no estén a la altura. La excepcionalidad de la realidad que vivimos puede producir nuevos alineamientos como, por ejemplo, el de los habitantes de comunas populares con la permanencia del Estado de Emergencia, mientras sectores de oposición más acomodados se dan el lujo de desafiar el toque de queda, porque no tienen temor por la seguridad de sus viviendas ni el abastecimiento de alimentos. Tampoco se olvidará la pertinacia de quienes siguieron apoyando cualquier manifestación, incluyendo las violentas, que privaron a muchos chilenos de uno de sus bienes más preciados: el Metro de Santiago. No todo se ha dicho sobre esta revuelta de Chile.

Para terminar, dos consideraciones adicionales. El nuevo pacto social debe contener estipulaciones sobre los límites de la protesta social y la legitimidad de las formas para ejercerla. No basta con condenar la violencia, se trata de concordar en que hay formas de protestar que devienen en incontrolable violencia. Por último, debemos estar en alerta frente al populismo. Sensibilidad social no es lo mismo que populismo. Supuestas soluciones que no atacan la raíz de los problemas, pueden terminar en mayor frustración e ira.