Por: Luis Alfonso Herrera Orellana

Abogado. Profesor de Derecho

Universidad Central de Venezuela

Universidad Autónoma de Chile

Los venezolanos son víctimas hoy de las peores condiciones de vida que se pueda imaginar cualquier habitante de una sociedad democrática de nuestro tiempo. Inflación, devaluación, corrupción, hambre, éxodo forzado, escasez de alimentos y medicamentos, entrega de su soberanía y recursos naturales, inseguridad ciudadana e impunidad absoluta para los criminales.

Es ese estado de cosas el que Nicolás Maduro ha pretendido mantener a través de la instalación de una asamblea constituyente inconstitucional y violatoria de las reglas democráticas, y de una farsa electoral, realizada en mayo de 2018, en la que intentó reelegirse por 6 años más en el cargo de Presidente de la República. Esa pretensión fracasó, pues ni nacional ni internacionalmente esa asamblea y los resultados de esa farsa fueron aceptados por el pueblo venezolano y los gobiernos democráticos del hemisferio occidental.

Dado que no hubo elección presidencial en 2018, y que contra de la voluntad popular, Nicolás Maduro decidió atrincherarse en el poder a la fuerza, el pasado 10.01.19, fecha en que el Presidente electo debía asumir el cargo para el período 2019- 2024, la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo Nacional de Venezuela (único Poder legítimo en territorio venezolano), declaró la usurpación del cargo por parte Nicolás Maduro-quien a la fecha es ex Presidente de la República-, y anunció que procedería a aplicar lo establecido en la Constitución para responder a la usurpación antes señalada.

¿Qué establece la Constitución ante la falta de Presidente electo? El artículo 233 establece que “cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. Algunos expertos han objetado la aplicación de este artículo, señalando que no procede porque el mismo presupone la existencia de un Presidente electo, que por algún supuesto de falta absoluta, no pudo asumir el cargo el 10.01 correspondiente, y que en Venezuela, al contrario de ese supuesto, hoy no hay Presidente electo, ya que Maduro no fue reelecto en 2018, por lo que otra debe ser la solución.

Esta postura ignora que en derecho vale aplicar por analogía normas jurídicas previstas para unos casos, a otros casos que tengan similitud esencial con los casos a los que estaba inicialmente previsto que aquéllas se aplicaran. En este caso, no hay falta absoluta del Presidente electo, sino algo más grave, no hay Presidente electo, lo que da lugar al mismo resultado: no hay quien asuma para un nuevo periodo el cargo de Presidente de la República, lo que exige que quien indique la Constitución, asuma de forma provisional el cargo, para dar continuidad al gobierno.

Pero más importante aún, esta postura ignora que la misma Constitución venezolana contiene dos artículos más, que brindan base jurídica suficiente para dar respuesta institucional y democrática, a situaciones extraordinarias, como las que hoy vive ese país. Se trata de los artículos 333 y 350.

El artículo 333 habilita a todo ciudadano con o sin autoridad a adoptar las medidas necesarias para asegurar el restablecimiento de la vigencia de la Constitución si ella es desconocida; mientras que el artículo 350 reconoce, en sintonía con el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el derecho a desconocer y rebelarse cualquier régimen contrario a la democracia y los derechos humanos.

En aplicación de estos tres artículos de la Constitución de Venezuela, el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado por el estado Vargas Juan Guaidó Márquez, el día 23.01.19, en medio de un cabildo de ciudadanos y con el total respaldo de los diputados demócratas que integran la Asamblea Nacional, procedió a juramentarse y a asumir el cargo de Presidente encargado de la República, con todas las competencias que la Constitución le atribuye a ese cargo como Jefe de Gobierno y Jefe de Estado, mientras se cumplen las condiciones necesarias para llamar a elecciones directas, universales y secretas, y elegir un nuevo Presidente de la República.

Se trató de una juramentación y no de una autoproclamación, como erradamente muchos medios de comunicación dentro y fuera de Venezuela han descrito el acto de investidura del Presidente encargado, Juan Guaidó. No fue una decisión unilateral, personalista. Se trata del cumplimiento de una obligación constitucional de quien ocupa el cargo de Presidente de la Asamblea Nacional ante la falta de Presidente electo. Lo inconstitucional habría sido que no se juramentara y asumiera el cargo.

Emplear la palabra “autoproclamación”, además de inexacto y contrario a la Constitución de Venezuela, puede llevar a reconocer al ex Presidente y hoy usurpador Nicolás Maduro como Presidente de la República, y hacer ver de manera errada que el Presidente de la República encargado Juan Guaidó se ha hecho con el poder de manera fáctica y dando un golpe de Estado, lo cual es falso, pues hoy Juan Guaidó asumió como Presidente constitucional, apegado al derecho y respaldado además por la mayoría de los venezolanos, de los diputados demócratas de la Asamblea Nacional y de los gobiernos democráticos que alrededor del mundo apuestan por la libertad de Venezuela.

Quizá muchos esperaban ver el protocolo que se observa en países con normalidad democrática, en un acto de toma del cargo de Presidente de la República. Es fútil exigir eso en el caso venezolano. En este país se libra una batalla injusta y desigual, no contra un gobierno abusador o que incurre en excesos, sino contra una estructura criminal atrincherada en el poder, cuyos principales integrantes están siendo sistemáticamente condenados en diferentes partes del mundo por violación de derechos humanos, delitos de corrupción y delitos de narcotráfico.

Los venezolanos, en esta hora decisiva para nuestras vidas y derechos fundamentales, pedimos a todos quienes defienden la libertad frente a los abusos del poder objetividad y respeto por nuestra legítima lucha, en rescate de la democracia y la paz en Venezuela.