A partir de la discusión de la Ley de Presupuestos para el próximo año se ha generado una discusión relativa a los recursos asignados a las distintas regiones del país. Cabe recordar que en dos años más se elegirá por primera vez en nuestro país el recientemente creado cargo de gobernador regional. Si hoy existe una fuerte discusión y crítica en el Congreso respecto de cómo y cuantos recursos se transfieren a cada una de las regiones, ello es solo la antesala de lo que será cuando estas autoridades sean electas. Si siguen las cosas tal como están, por un lado, con importantes espacios de discrecionalidad por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior (SUBDERE) en la asignación de recursos a regiones y, por otro lado, escasa transparencia en los coeficientes utilizados para su distribución a regiones, los conflictos entre las autoridades regionales y las del gobierno central serán habituales.

Estos temas necesariamente deben abordarse en una reforma que aborde el financiamiento de los gobiernos regionales que asegure que el 100% de los recursos queden definidos en la Ley de Presupuestos y ello sobre la base de indicadores objetivos y verificables. Solo así se podrá dar certezas en cuanto a que la distribución regional de los recursos no obedezca a conveniencias políticas.

En todo el mundo los gobiernos subnacionales se financian en una parte importante a partir de recursos transferidos desde el gobierno central. Lo importante es que esa transferencia de recursos se haga sobre la base de parámetros objetivos, transparentes y verificables. Hoy en Chile eso no sucede. Así, del total de recursos para inversión con los que contarán los gobiernos regionales el próximo año -$ 1.275 mil millones- casi un 20% no se asigna a regiones en la Ley de Presupuestos, sino que se hará durante el año sobre la base de criterios que la SUBDERE define. ¿Cuáles son finalmente los criterios utilizados para ello?, no se tiene certeza.

Del restante 80% que si se distribuye regionalmente en la Ley de Presupuestos, menos del 10% corresponden a fuentes de financiamiento respecto de las cuales ni la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES) ni la Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene injerencia alguna en el monto global a asignar ni en la distribución por región. Estos recursos corresponden a los recaudado por el pago de patentes mineras, patentes acuícolas, casinos de juego, patentes por no uso de derechos de agua, patentes geotérmicas, ventas de inmuebles del Ministerio de Bienes Nacionales, ingresos de la zona franca de Magallanes y derechos de explotación de ENAP.

En los demás recursos la SUBDERE juega un rol importante. Sólo por mencionar algunos, los fondos entregados en el marco del Programa de Convergencia, desde su creación en el año 2014, nunca ha traspasado recursos a las regiones de Tarapacá y O´Higgins, mientras que a las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Maule sólo entregó recursos durante un par de años. ¿Cuáles son los criterios que definen ello? Se desconoce.

Autoridades regionales electas sin reglas claras, objetivas y transparentes en materia de financiamiento nos llevarán a una permanente situación de conflicto entre el gobierno central y regiones. Si no se reforman los actuales mecanismos de transferencia de recursos a regiones, la actual discusión presupuestaria sólo será un pálido reflejo de lo que tendremos en un par de años más.

Columna de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en Medios Regionales de El Mercurio.-