La Contraloría ha devuelto al Ejecutivo, sin promulgar, el proyecto de ley del SERNAC. La controversia, lejos de aplacarse, continúa. Recordemos que la polémica se suscitó tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional las potestades sancionatorias y normativas con las que se pretendía dotar al servicio. Los caminos que le quedan al Ejecutivo, tras la devolución del decreto por el Contralor, han sido comentados por estos días en los medios. Sin embargo, hay dos aristas que han quedado al margen del debate.

Más allá de cómo se resuelva el entuerto, y en el mejor interés de los consumidores ¿Quién podrá defenderlos? Porque… ¿Ese debiera ser el quid del asunto, ¿no? Autoridades del Gobierno anterior vaticinaron potenciales efectos catastróficos para la protección de los consumidores tras el fallo del TC ¿Será así? Cierto es que la sentencia limitó algunas de las potestades (excesivas) con que se pretendía dotar al servicio, pero también es cierto que al fortalecer los principios del debido proceso y de legalidad, como pilares esenciales de la institucionalidad, se protege en forma más robusta y estable a los consumidores. A su vez, la iniciativa aprobada, y aun sin las referidas atribuciones, fortalece de todas formas al SERNAC, reconoce la indemnización por daño moral en demandas colectivas, reduce el cúmulo de pruebas que deben presentar los consumidores en juicio, eleva considerablemente las sanciones por infracción a las normas e impone importantes desafíos para las empresas desde la perspectiva de las buenas prácticas y el compliance. Así, el SERNAC está lejos de ser un desvalido león sin dientes, y su gestión y cómo se implemente la nueva ley constituyen un gran desafío de cara al buen funcionamiento institucional para la protección de los consumidores.

La segunda arista, más política, dice relación con las reacciones de algunos parlamentarios de oposición ante el actuar del Contralor. En resumen, hay molestia; se estima que el Contralor ha invadido atribuciones del Congreso ¿Es así? ¿O el Contralor hizo su pega? Recordemos que también están molestos con el TC y su fallo, a pesar de que los riesgos de inconstitucionalidad de la iniciativa legal fueron advertidos reiteradamente durante su tramitación. La molestia ha derivado en una actitud del tipo “veremos qué pasos seguir” o de presentar, en menos que canta un gallo y tras estos episodios complejos, iniciativas legales que limitan las atribuciones de quien aparece como el contendor. Sin perjuicio que estén en su derecho a hacerlo, no parecen respuestas muy republicanas. Todo indicaría que lo mas sensato sería reflexionar para luego actuar en el mejor interés de quien se busca proteger: los consumidores. De la clase política y nuestras instituciones se espera que pongan el interés general por sobre cualquier otra consideración, dando una pronta y razonada solución en esta materia.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera-