Hoy la Presidenta Bachelet promulgó la ley que crea 15 centros de formación técnica (CFT) estatales, uno en cada región del país. En el contexto de incertidumbre en que se encuentra el sistema de educación superior debido a la falta de información respecto a lo que traerá la reforma a ser ingresada durante este año, esta ley viene a reafirmar la lógica del Gobierno en cuanto a fortalecer y privilegiar la oferta educativa estatal por sobre la iniciativa privada.

Además, esta ley pasa por alto el diagnóstico que señala que durante los últimos años la matrícula en educación superior técnico profesional ha crecido más que la universitaria (entre el 2005 y el 2014 creció en 170%, mientras que la universitaria sólo aumentó en 27%), y que 13 de las 15 regiones del país ya tienen acceso a carreras técnico profesionales asociados a instituciones del CRUCh. La investigadora del Programa Social de LyD, María Paz Arzola, señala, que la ley ignora que los problemas que enfrenta este nivel educacional no tienen que ver con la falta de oferta, sino con la calidad de la enseñanza que se imparte, la falta de articulación con el mercado laboral y la histórica discriminación con que se trata a sus alumnos en relación a las ayudas estudiantiles que entrega el Estado.

En cuanto a lo que podemos esperar de esta iniciativa, la ley sólo establece normas de carácter general, pero deja parte importante de la normativa en manos de decretos con fuerza de ley y reglamentos que deberán ser dictados por el Ministerio de Educación. De esta forma, aún no es posible conocer en detalle el diseño que se piensa poner en práctica. "Más aún, el informe financiero no considera el mayor gasto en régimen que se originará debido a esta iniciativa, sino sólo los recursos que se invertirán para la puesta en marcha", asegura Arzola.

Con todo, hay algunos elementos que nos hacen dudar de que las nuevas instituciones que se creen con esta ley vayan a aportar con una mayor calidad educativa. En primer lugar, porque la ley establece que éstas deberán pasar por un proceso menos estricto, paralelo al licenciamiento por el que sí están obligadas a pasar todas las nuevas instituciones de educación superior que aspiran a obtener el reconocimiento oficial. De esta forma, es cuestionable que vayan a cumplir con los requisitos mínimos que sí se le exige al resto de las instituciones. En segundo lugar, como una forma de asegurar la calidad, la ley establece que cada nuevo centro de formación técnica funcionará al alero de una universidad estatal (o al menos del CRUCh). Sin embargo, al revisar indicadores como acreditación, vemos que las universidades estatales no sobresalen ni son referentes en relación al resto. "De esta forma, difícilmente podemos pensar que su apoyo podría asegurar la calidad de las nuevas instituciones", agrega la investigadora.