Hace algunos meses se encuentra en tramitación el proyecto de ley de desmunicipalización. Sin duda, se trata de una iniciativa ambiciosa, que contempla la creación de 67 Servicios Locales de Educación (SLE) para la administración de los más de 5 mil establecimientos municipales distribuidos en las 346 comunas del país. Todo esto antes del año 2023.

No se define, sin embargo, cuáles serían los territorios que cubrirá cada SLE: ¿será una distribución basada en la geografía? ¿En aprovechar al máximo las economías de escala? ¿O dependerá de indicadores relativos a las características de gestión y capacidades actuales, a la vulnerabilidad, ruralidad o tamaño de la matrícula, al desempeño escolar u otros indicadores cualitativos de calidad, por mencionar algunas posibilidades?

La definición de esto es clave, pues recordemos que este proyecto crea toda una nueva burocracia estatal para administrar un servicio educativo que será traspasado con su personal administrativo, profesores y asistentes, así como los bienes muebles e inmuebles. Es decir, serán los mismos funcionarios los que seguirán cumpliendo la misma labor, de la misma forma, y sujetos al mismo régimen laboral, aunque ahora bajo la administración del SLE y a cargo de un número inmensamente superior y de una mayor diversidad de establecimientos y alumnos.

Dado el número actual de establecimientos municipales por región, la desmunicipalización propuesta implicaría dejar a al menos 17 SLE a cargo de más de 100 establecimientos educacionales. Ésta es una cantidad sin precedentes dada la realidad actual, en que 9 de cada 10 municipios administra 30 o menos establecimientos, y en que el de mayor tamaño tiene 80 a su cargo. Estos órdenes de magnitud tampoco tienen asidero en el sector particular subvencionado, en que el 99,9% de los sostenedores tiene a su cargo menos de 20 establecimientos.

Así, me permito cambiar de lenguaje: más que ambicioso, éste es un proyecto inviable. Mucho cuidado con saltar al vacío bajo el pretexto de cumplir el programa de gobierno en cuanto a la promesa de reformar la institucionalidad pública. La educación de 1,3 millones de niños y jóvenes está en juego.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Pulso.-