Hace pocos días se realizó la primera reunión del Comité de Ministros que analizará -a partir del informe de la Comisión Bravo- los cambios previsionales que finalmente promocionará el Ejecutivo. Si bien la Presidenta sería quien tome la decisión final respecto de contenidos y plazos, lo que si trascendió es que dicha instancia (conformada por los ministros de Trabajo, Hacienda, SERNAM, Economía, Desarrollo Social y SEGPRES) entregará durante el primer semestre de 2016 un set de medidas de corto plazo, dejando potenciales cambios de más largo plazo para la segunda mitad de 2017, los cuales podrían involucrar modificaciones significativas al sistema.
Parece razonable que el Comité haya decidido tomarse un tiempo para decidir si finalmente se propondrán cambios trascendentales. Pero ¿son estos cambios realmente necesarios? Al menos la Comisión Bravo dio una señal al respecto, al ser tan solo uno el voto que apoyó la idea de volver a un sistema de reparto. No obstante lo anterior, la propuesta global “B” de la Comisión busca destinar gran parte del ahorro previsional a un fondo solidario, disminuyendo con ello la apropiabilidad del ahorro de los cotizantes, lo cual podría poner en riesgo la sostenibilidad futura de nuestro sistema de pensiones. Si bien esta propuesta no contó con el apoyo mayoritario, fue aprobada por 11 de los 25 comisionados. En suma, no hay certeza alguna sobre qué terminará proponiendo el Comité de Ministros.
Antes de tomar una decisión, valdría la pena que esta instancia pudiese revisar el último informe de la consultora Mercer y el Centro Australiano de Estudios Financieros, el cual en octubre recién pasado entregó un nuevo resultado de su Índice Global de Pensiones . En él, nuestro sistema de pensiones ocupó el octavo lugar de 25, que nos permite calificarnos con nota “B”, lo cual en el lenguaje del informe significa que nuestro sistema previsional tiene una estructura sólida, con muchas características positivas y algunos espacios de mejora. Sólo como referencia vale la pena destacar que esta misma evaluación la tienen Suecia, Suiza, Finlandia, Canadá y Reino Unido.
Si bien la positiva calificación global de Chile se ha mantenido relativamente constante, respecto a la medición 2014 nuestro sistema previsional mostró un alza significativa en el subíndice de suficiencia (explicado en un mayor tasa de ahorro de los hogares), y una leve disminución en su sostenibilidad en el tiempo (que mide la probabilidad de que los beneficios vigentes puedan ser entregados en el futuro), producto del impacto del crecimiento en las expectativas de vida. Ahora bien, nuestro sistema está por sobre el promedio en sostenibilidad e integridad, lo cual podría sorprender a nuestras autoridades pues esto último mide precisamente la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema. Por su parte, no obstante el alza registrada en el subíndice de suficiencia, Chile aún se encuentra levemente debajo del promedio en esta área.
¿Cuáles serían, según esta consultora externa, las principales recomendaciones para que nuestro sistema previsional se transforme en uno “de primera clase”? Aumentar la tasa de cotización, fomentar el ahorro de las familias, aumentar la edad de retiro y continuar revisando el nivel de pensión mínima que reciben los pensionados más pobres. Lo anterior está lejos de transformaciones radicales al sistema. En definitiva, no estamos tan mal como parece y cualquier cambio que proponga la Comisión de Ministros debiese estar acompañado de un diagnóstico objetivo y de una evaluación de los efectos sobre variables como la informalidad, de tal modo de no provocar el efecto contrario al que se desea: maximizar el ahorro de las personas para su jubilación.
Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-
