Desde el punto de vista internacional, Chile ha mejorado considerablemente sus estadísticas sanitarias: según la OMS, nuestra esperanza de vida al nacer entre 1990 y 2012 ha mostrado un importante incremento desde los 73 a los 80 años, situándose 10 años por sobre el promedio mundial y un año por encima del promedio de la registrada para los países con ingresos altos. Parte de la explicación de esto es el control de la mortalidad infantil: en igual período, ésta se redujo a la mitad (de 16 a 8 niños por cada 1.000 nacidos vivos), quedando muy por debajo del promedio mundial de 35 niños. Esto no es sino reflejo del importante aumento en bienestar que nuestro país ha mostrado en las últimas décadas.

Sin embargo, nuestro sistema de salud se ve enfrentado aún a importantes y antiguos desafíos, siendo uno de los más relevantes la gestión de la salud pública, que atiende a cerca de ocho de cada diez chilenos. Así, los más de 13 millones de chilenos beneficiarios de FONASA se ven diariamente enfrentados a una deuda hospitalaria que no cede (2014 cerró con un nivel 63% por sobre el de 2013), a listas de espera que bordean los 2 millones de casos y a un importante déficit de especialistas, que estimamos no se resolverá con la importante inyección de recursos que le entregará este gobierno si esta no se acompaña de un estudio detallado de las brechas existentes.

A pesar de la relevancia de estos problemas, todas las miradas han estado centradas en los últimos años en las Isapres, sobre todo en lo que respecta a la movilidad de sus beneficiarios con preexistencias, en la falta de información para comparar planes, y en el (desde nuestro punto de vista necesario) reajuste (bajo parámetros objetivos) en los precios de éstos en un contexto de costos de salud crecientes.

Discrepamos que la solución a estos temas sea la propuesta de posición mayoritaria de la Comisión Presidencial de Salud entregada el año pasado, que sugirió avanzar en el largo plazo a un fondo con seguro único en salud. Estimamos que en caso de ejecutarse esta idea, estarían peor tanto los beneficiarios de Isapre (que en muchos casos se verán obligados a tener que acudir al asegurador público) como de FONASA (que verán aún más colapsada la red pública). Los números señalan que la supuesta solidaridad que se introduciría al sistema con un fondo único no es tal. De hecho, en caso de mancomunar los ingresos totales para salud de ambas aseguradoras (pública y privadas), el total mensual de ingresos disponibles por beneficiario sería sólo cerca de $ 300 más de lo que disponen hoy los beneficiarios de FONASA y más de $1.000 menos de lo que hoy disponen quienes están en Isapre.

Por esto, estimamos que nuestra salud debiese continuar con un sistema multiseguros: sólo así se evitan los perjuicios de la acción monopólica del Estado. De tal modo de mejorar la comparabilidad de planes, tanto la aseguradora pública como las privadas debiesen ofrecer un Plan Básico (PB), homogéneo en términos de cobertura, por el cual cobren un precio transparente, conocido y reajustable por cada aseguradora bajo criterios objetivos. Se deberían pagar primas adicionales sólo en caso de querer optar a mejoras a ese PB.

Para favorecer la competencia, el sistema de salud debiese avanzar hacia una cotización portable, de propiedad de los beneficiarios: todos los asegurados deberían poder acceder a un “precio piso” de PB (equivalente, por ejemplo, al precio del PB ofrecido por el sector público). Si sus ingresos formales (y por ende su cotización legal) unido a los ingresos del hogar que integra no le permiten acceder a este “piso”, debería recibir un subsidio por la diferencia, el cual podría ser utilizado o en el asegurador público o en el privado, y costear potenciales diferencias entre el “piso” y el precio del plan con recursos propios. En caso de existir una diferencia positiva entre la cotización legal y el precio del plan, los individuos debiesen poder contar con una cuenta de ahorro en salud.

Por último, para asegurar la movilidad de los asegurados en las Isapres, el sistema debiese avanzar en el diseño e implementación de un Fondo de Compensación por Riesgo inter-Isapres, que compense a estas instituciones de acuerdo al riesgo efectivo de sus carteras.

En suma, si bien nuestro sistema de salud debiese tener como prioridad mejorar la gestión, calidad y sobre todo la oportunidad de atención en sector público, existen ciertas potenciales modificaciones al sistema de aseguramiento privado que incrementarían su competencia, movilidad y transparencia.

Por Alejandra Candia, Directora del Programa Social de LyD.