El 31 de enero terminó el año legislativo y también la meta auto impuesta por el Gobierno en octubre pasado para despachar nueve proyectos de ley en actual tramitación legislativa. Dentro de estas iniciativas ya se han despachado los proyectos de administrador provisional; fin al lucro, copago y selección (reforma educacional); cambio al sistema electoral binominal; el proyecto de pactos de unión civil; modificación del Mepco y el Ministerio de la Mujer.

Sin embargo, de la ambiciosa y ansiosa meta quedaron pendientes tres proyectos: aquel referente a jardines infantiles, la modificación de la ley de armas y a la ley sobre violencia en los estadios.

Considerando que la última meta legislativa del Gobierno fue cumplida solo parcialmente, vemos claramente como estos proyectos serán prioridad para marzo próximo, mes en que se da el “vamos” al año legislativo 2015.

Adicionalmente, existe una larga lista de proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y algunas mociones apoyadas por este que se están impulsando con gran fuerza y que generarán bastante ruido por los efectos que tendría su eventual aprobación.

Así, encontramos la llamada Reforma Laboral, que en términos generales pretende modificar las normas relativas a las organizaciones sindicales y la negociación colectiva mediante ideas como la titularidad sindical de la negociación y la huelga, la ampliación de materias negociables y la eliminación del reemplazo de trabajadores y el descuelgue durante la huelga, todo lo cual redunda en una clara pérdida de derechos para los trabajadores para entregárselos a los sindicatos a cualquier precio, pues coarta su derecho a negociar individual u organizadamente condiciones de trabajo, impactando fundamentalmente el premio al mérito y las cargas a los emprendedores.

Otra gran reforma que se encuentra en plena discusión parlamentaria es la referente al Código de Aguas, la cual pretende modificar la actual naturaleza del derecho de aprovechamiento de aguas, debilitando el derecho de propiedad y la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de políticas de inversión a largo plazo, por medio de la promoción de un mayor control estatal, en particular, el establecimiento de la caducidad de derechos, la duración máxima de estos, la generación de limitaciones en virtud del interés público y la eliminación de la facultad de disposición de los mismos.

También se encuentra pendiente la tramitación de la nueva ley antiterrorista, la cual busca, entre otras cosas, imponer una distinción general entre “asociación criminal terrorista” y “delincuencia terrorista”, donde la primera de estas implica necesariamente la existencia de una asociación que debe reunir ciertas características especiales complejas, mientras la segunda apunta a la comisión individual, sin que necesariamente constituya una figura residual. Además, de manera equivocada se eliminan los delitos contra la propiedad como figuras base, lo cual incluiría el incendio, delito de mayor ocurrencia por quienes persiguen infundir temor en la población.

Otro proyecto que sí se encuentra con mayor avance es la nueva ley del consumidor, la cual pretende transformar al Sernac en un ente con competencias fiscalizadoras (eliminando el rol de los juzgados de policía local) y entregándole facultades para fijar reparaciones económicas a las personas, todo lo cual constitucionalmente afecta la garantía del debido proceso al constituir a este organismo como “juez y parte”.

Finalmente, otro de los proyectos que generará gran revuelo desde marzo es el de financiamiento de la política, el cual propone prohibir a las empresas aportar recursos a las campañas políticas, eliminando además toda forma de contribución anónima y/o reservada. Asimismo, se contempla una serie de normas que generan un desbalance en materia de financiamiento, pues se opta por uno preferentemente estatal, acotando los espacios de financiamiento ciudadano y eliminando el financiamiento por medio de personas jurídicas independiente de su naturaleza.

Sin perjuicio de lo anterior, este año la agenda legislativa será tanto o más agitada que en 2014, toda vez que ya hay anuncios de proyectos de alto impacto, como la despenalización del aborto en ciertos casos, la reforma de la ley de isapres, la reforma constitucional, carrera docente, desmunicipalización, ley de partidos políticos, reforma del sistema previsional, entre otros.

Ya contando con la experiencia de la forma en que se han aprobado los grandes proyectos en los últimos meses, no pueden sino surgir dudas respecto del modus operandi que utilizará el Ejecutivo para socializar los proyectos y, si es factible, alcanzar acuerdos políticos que no solo impliquen negociaciones con la Nueva Mayoría, sino que respondan a una voluntad que busque conciliar las visiones políticas y de la sociedad civil.

Por lo demás, al momento de legislar, el llamado debería ser más que a apretar el acelerador mediante el mecanismo de las urgencias, a dirigir los esfuerzos a generar normativas sopesadas y serias, pues la experiencia ha demostrado que malas decisiones significan un costo económico y social enorme que finalmente debemos asumir todos por igual.

Columna del investigador del Programa Legislativo de LyD, Sergio Morales, publicada en Pulso.-