En medio de la tramitación del proyecto que busca reformar el sistema escolar subvencionado, hay otros temas dentro del cronograma del Gobierno cuya discusión se aproxima. Uno de ellos es la gratuidad para los estudiantes de educación superior. En este ámbito, se publicó un adelanto de lo que podría traer este proyecto: requisitos para las instituciones que quieran beneficiarse de dicho financiamiento estatal y gradualidad en la forma de implementarlo. Ahora bien, más allá del detalle sobre cómo se llevaría a cabo esta iniciativa, todavía estamos a tiempo de discutir sobre su conveniencia.

Diversos expertos en la materia se han manifestado contrarios a la gratuidad universal de la educación superior, especialmente en un país como Chile, en que la cobertura no es lo suficientemente alta como para hacerla una política verdaderamente equitativa. El año 2011[1] la cobertura neta de educación superior entre los jóvenes del 20% más rico del país era del 60%, es decir, 6 de cada 10 jóvenes asistía a educación superior, mientras que entre el 20% de menores ingresos, sólo asistían 2 de cada 10 jóvenes.

Esto hace inexplicable el hecho de que el gasto por alumno de educación superior en nuestro país sea más del doble del gasto por alumno de enseñanza básica, nivel que sí tiene una alta cobertura en todos los quintiles de ingreso. ¿Será justo aumentar en más de US$ 4 mil millones el gasto público en un nivel educativo al que 8 de cada 10 jóvenes provenientes del 20% más pobre no llegan? 70% de estos recursos iría a financiar la educación del 40% más rico, mientras que apenas 16% iría a financiar la educación superior del 40% más pobre[2].

Ahora bien, más allá de la justicia, está el argumento de la eficiencia: ¿ayudará esta iniciativa a lograr el objetivo de aumentar la equidad en el acceso a la educación superior? Nuevamente la respuesta es que no.

Primero, por el mecanismo que se ha anticipado se usará: financiar a las instituciones que cumplan con ciertos requisitos impuestos por el Ministerio de Educación. Previsiblemente, las instituciones que califiquen serán las estatales, o quizás las que formen parte del Consejo de Rectores. Paradojalmente, éstas no son las que hoy acogen a los jóvenes que más ayuda económica necesitan: el año 2011, sólo 30% de los jóvenes pertenecientes al 20% más pobre del país que asistía a educación superior, lo hacía a una universidad del CRUCH. El resto de ellos asistía a universidades privadas fuera del CRUCH, centros de formación técnica o institutos profesionales. Si lo que se pretende es apoyar a quienes más lo necesitan, lo lógico es dirigir las ayudas directamente a ellos, tal como lo hace un crédito o beca que se entrega en función de características socioeconómicas, y no limitarles su decisión de dónde estudiar sólo a algunas instituciones.

En segundo lugar, para que una política de gratuidad fuese efectiva en mejorar la equidad, sería necesario que la principal restricción que enfrenten las familias más pobres para enviar a sus hijos a la universidad fuese la falta de financiamiento. Sin embargo, hay antecedentes que dan cuenta de que su principal limitante no es la falta de recursos en el corto plazo, sino una educación escolar deficiente, y dificultades familiares y personales que hacen que la educación superior no sea ni siquiera una opción para muchos de ellos[3].

Así, vemos que ni la justicia ni la eficiencia son argumentos capaces de justificar una política como la educación superior gratuita. Y si queremos agregar un tercer argumento, está la experiencia de los países desarrollados: según un estudio de AccionEducar, sólo 3 de los 34 países pertenecientes a la OCDE tienen un sistema totalmente gratuito. La mayoría de estos sistemas (19 países), en cambio, tiene un sistema que permite el cobro de aranceles a los alumnos y les entrega ayudas en forma de becas y créditos, tal como el chileno. ¿Será entonces el financiamiento el gran problema a resolver para mejorar y modernizar nuestro sistema educacional? Parece que el Gobierno una vez más ha equivocado su diagnóstico, y con ello su rumbo…

[1] El último del que podemos tener antecedentes socioeconómicos (CASEN 2011), en espera de que se publiquen los resultados de la encuesta CASEN 2013.

[2] Valores estimados a partir del gasto por alumno reportado por la OCDE 2014 y el gasto privado por quintil que entrega CASEN 2011.

[3] Esto se desprende de la información de CASEN 2011 respecto a cuáles son los motivos para no estudiar en la educación superior, así como del hecho de que aun existiendo becas, éstas no sean otorgadas al no cumplir los postulantes con los requisitos académicos.

Columna de María Paz Arzola, publicada en Voces de La Tercera.-