A la hora de realizar el balance respecto de la situación de la seguridad pública en nuestro país durante 2014, no sólo encontramos un saldo que no es positivo sino que pareciera haber estado más bien marcado por una serie de hechos y polémicas anecdóticas y periféricas que implicaron un desgaste innecesario de energía, tiempo y recursos por ejemplo, el debate en torno a la aplicación de multas a cajeros que hubieren sido detonados por un artefacto explosivo, el uso de comisarías de Carabineros para instalar cajeros automáticos del BancoEstado o buscar en la política de indultos del gobierno pasado la responsabilidad de las malas cifras de victimización de este año. Ello nos ha alejado del objetivo de centrar los esfuerzos en la tarea de reducir los actuales niveles de victimización que no son para nada satisfactorios, especialmente en materia de delitos contra la propiedad. A lo anterior se sumó una serie de atentados de naturaleza terrorista que han instalado en Chile el debate en torno a la presencia sus características e intensidad de ésta en nuestro país.
En este contexto, y habiendo transcurrido prácticamente el primer año de gobierno de la Presidenta Bachelet, surge la inquietud acerca de si las políticas de seguridad pública del Gobierno, plasmadas en el Plan de Seguridad Pública 2014-2018 (Seguridad para Todos), lograrán hacerse cargo del principal desafío que tenemos en este ámbito: aumentar la eficacia de nuestras políticas y acciones de seguridad. Lamentablemente, existen pocas señales que apunten en este sentido.
PRIMER ERROR: DESLEGITIMAR INDICADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PIÑERA
Si bien el Plan de Seguridad Pública 2014-2018 (Seguridad para Todos)[i] contiene una serie de elementos positivos, lo que se debe principalmente a la sensatez de construir sobre la base de los planes de seguridad de los dos gobiernos anteriores y los aprendizajes institucionales respectivos, buscó desde el primer momento cuestionar los indicadores de reducción de victimización legados por el gobierno anterior, siendo el más relevante la disminución de la victimización general mostrada por el principal instrumento de medición del país, la encuesta de victimización ENUSC (INE), la que no sólo demuestra que la victimización general ha venido cayendo sistemáticamente en los últimos años, pasando desde el 38,3% de los hogares en 2005 al 24,8% en 2013, sino que ésta experimenta una caída aún más pronunciada entre 2009 (último año del gobierno de la Presidenta Bachelet, (33,6%) y 2013 (24,8%).
Para ello, en el Plan Seguridad para Todos se buscó instalar la tesis de que la disminución de la ENUSC no va alineada con las denuncias de delitos de mayor connotación social del Ministerio de Interior, ni con el índice de la Fundación Paz Ciudadana (Gráfico N° 1). Se trata, obviamente, de instrumentos de distinta naturaleza, que no pueden ser comparables[ii]. Mientras las denuncias policiales cubren un grupo específico pero importante de delitos y están sujetos al problema de la cifra negra o la no denuncia, el índice de la FPC busca medir la realidad de los robos (e intentos de). Por lo demás, aumentos en las denuncias pueden ser una buena noticia y un objetivo de política pública pues demuestra confianza en la capacidad del sistema de ofrecer resultados a los ciudadanos, en la medida en que se verifica que disminuye la cifra negra.
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[i] Ver Plan Seguridad para Todos en http://www.interior.gob.cl/media/2014/08/libro_seguridad_web.pdf
[ii] Para una discusión metodológica en torno a la naturaleza de estos instrumentos, y la diferencia entre indicadores basados en denuncias policiales y encuestas de victimización, ver María Elena Arzola y José Francisco García (2008): El Costo de la Delincuencia en Chile: 2000-2007, Serie Informe Político N° 106, Libertad y Desarrollo. Disponible en: http://www.lyd.com/wp-content/files_mf/sip106elcostodeladelincuenciaenchilemearzolayjfgarciajunio2008.pdf
