Reproducimos la carta de la Economista Senior de LyD, Cecilia Cifuentes, publicada en El Mercurio.

El gobierno determinó finalmente otorgar un reajuste de 6% para las remuneraciones de los empleados públicos, el más alto desde 2008, a pesar de que la economía se encuentra en un contexto de desempleo creciente. Es efectivo que la situación de inflación, de 5,7% en doce meses, dificultaba la negociación, pero existe un amplio consenso de que este repunte de precios tiene un fuerte componente transitorio. Las estimaciones de inflación para 2015 no se han movido de 3% desde hace más de un año. Dado que el reajuste a la ANEF constituye una señal importante para las remuneraciones del sector privado, nos veremos enfrentados a una situación de muy bajo crecimiento de la actividad, con un reajuste real de remuneraciones en torno a 3%, muy superior al incremento de la productividad. De hecho, es llamativo el hecho de que por primera vez en los últimos cinco años la ANEF no utilizó las cifras de crecimiento del PIB para justificar el reajuste.

En un contexto de remuneraciones reales crecientes y estancamiento de la actividad, el resultado más probable será un mayor desempleo, problema del que no se hace cargo este reajuste.

Por último, no puede dejarse de lado el hecho de que el reajuste de los empleados públicos es por lejos el “programa de gasto” más significativo del gobierno cada año, con un costo fiscal estimado de US$ 2.200 millones. El país hace un gran sacrificio en términos de recursos cada año para mantener el aparato estatal, sin que se perciba como contrapartida un esfuerzo creciente por parte del gobierno y sus funcionarios de entregar cada vez una mejor calidad de servicios públicos.