Por más de cuatro horas sesionó la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con el fin de continuar con el análisis en general del proyecto de ley que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro.

En la oportunidad intervino el Instituto Libertad y Desarrollo,  la Conferencia Episcopal de Chile, la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile (CONFEPA), representantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile.

El abogado y Coordinador de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, José Francisco García, precisó que los "reproches de constitucionalidad respecto de una iniciativa legislativa requieren de un alto estándar de fundamentación, y en caso alguno puede ser considerado una etapa o herramienta más del juego político, o el que se pueda esgrimir ante meros problemas de implementación o prácticos, o ante diferencias en las concepciones de política pública en juego o sus consecuencias".

Con respecto a la subvención e imposición de condiciones inconstitucionales, señaló que "el carácter subvencionado de un establecimiento educacional, no permite a los órganos estatales -el legislador incluido- aducir el otorgamiento de tal beneficio para cargar sobre quienes los reciben el cumplimiento de condiciones, prohibiciones o requisitos que les impidan, o tornen muy difícil o gravoso el ejercicio de un derecho constitucionalmente asegurado".