Reproducimos la carta de Cecilia Cifuentes, Economista Senior de LyD, publicada en La Tercera.

Si existe un aspecto en el que hay un amplio consenso es en la importancia de la libre competencia para generar a la vez eficiencia y equidad, lo que evidentemente es válido para el sistema previsional y se debería mantener en el proyecto de creación de una AFP estatal. De hecho, el propio gobierno ha señalado que dicha AFP operaría con las mismas reglas que las demás. Sin embargo, el actual proyecto de ley no cumpliría con ese criterio, lo que haría necesaria su modificación en aspectos claves.

Probablemente, uno de los temas más complejos es que el proyecto establece que el Estado aportará el capital inicial de la administradora y los sucesivos aportes que requiera para su operación, sin que quede especificada la forma en que ésta deberá devolver o entregar un flujo de retorno a su dueño por estos aportes de capital. Esta ventajosa condición respecto a sus competidoras, le permitiría a la AFP estatal cobrar comisiones por debajo de sus costos, lo que constituye competencia desleal, ya que no es una política que el resto tenga opción de imitar. Se podría plantear que no es esa la intención del gobierno, pero para que eso se pueda verificar en la práctica, es clave que quede establecido en la ley algún mecanismo de retorno del capital que evite este riesgo de dumping. No se puede argumentar que una política de este tipo buscaría beneficiar a los trabajadores, ya que finalmente las pérdidas de las empresas del Estado las termina pagando toda la sociedad a través de los impuestos.