Según ha trascendido en medios de comunicación, el Ejecutivo se apronta a hacer ingreso del proyecto de ley que establece un nuevo marco regulatorio para el financiamiento de la política. A partir de la información disponible, el Coordinador del Programa Sociedad y Política de LyD, Jorge Ramírez, constata que se trata de una regulación a todas luces maximalista a la luz de la experiencia comparada, y en la cual, en aras de promover mayor equidad en la competencia, se perjudicará enormemente a los candidatos desafiantes (que no son titulares del cargo), atentando de paso contra la competencia en el sistema, y vulnerando en múltiples aspectos la libertad de expresión a la hora de realizar una campaña electoral.

A grandes rasgos, la propuesta del Ejecutivo contempla: eliminación de aportes de personas jurídicas con o sin fines de lucro de poder realizar aportes tanto a partidos como a campañas, prohibición de campañas en espacios públicos, eliminación de la fórmula de aportes reservados, disminución de los límites en el monto de la contribución que personas naturales puedan hacer a un candidato, establecimiento de plena transparencia en cuanto a la divulgación de identidad de los aportantes, imposición de una franja electoral gratuita en radios, prohibición  del libre avisaje en prensa y fortalecimiento el rol fiscalizador del Servicio Electoral.

La propuesta del gobierno omite que detrás de toda regulación sobre financiamiento de la política están en juego principios relevantes tales como la transparencia, la libertad de expresión, participación y la competencia en el sistema político", asegura Ramírez. En este sentido, vale la pena recordar que aportar a una campaña vía financiamiento es una forma más de participación, y poner a disposición de la ciudadanía un mensaje político vía propaganda, es parte del derecho a la libertad de expresión.

En cuanto al análisis de la propuesta, Jorge Ramírez señala que en primer lugar, la fórmula del Ejecutivo constituye un retroceso en cuanto al aseguramiento de mayor competencia. Se trata de una regulación "pro incumbentes". "Si a los candidatos desafiantes (que desafían al titular que busca la reelección) se les prohíbe realizar campañas en espacios púbicos, prensa escrita, y radios (homologándolo con los espacios de los incumbentes), y se les limita el monto de aportes que puedan recibir de personas naturales; las condiciones reales de competencia disminuirán considerablemente", advierte el cientista político. Al respecto, el proyecto desconoce las amplias ventajas del candidato incumbente respecto del desafiante, mientras el primero ya es conocido, y cuenta con capital de redes políticas, el segundo requiere difundir un mensaje con mayor intensidad a efectos de contrarrestar la ventaja que ostenta el titular del cargo.

Por otra parte, lejos de promover mayores incentivos a la contribución de personas naturales, como es la tendencia en las democracias consolidadas (vía sistema de matching funds, o entrega de beneficios tributarios a los aportes ciudadanos), la propuesta - de la mano de la existencia de mayores aportes públicos- elimina y acota los espacios de financiamiento privado y ciudadano. "Al respecto, parece importante mencionar que la regulación propuesta en ningún caso se sitúa en el estándar de las disposiciones sobre dinero y política que poseen las democracias consolidadas. Esto porque el 65% de las democracias de la OCDE, permite donaciones de corporaciones privadas tanto a partidos como candidatos y sólo un 27% de las mismas, contemplan disposiciones obligatorias para que tanto partidos como candidatos revelen de manera plena la identidad de sus donantes (OCDE, 2014)", explica Ramírez.

Finalmente, la propuesta no se hace cargo del problema inherente a la plena divulgación de la identidad de los donantes. Como señala la evidencia, con sistemas de plena divulgación las contribuciones ciudadanas disminuirán considerablemente por temor a presiones y represalias políticas (cuestión de la que sí se hacía cargo el sistema de aportes reservados).

Así las cosas, en lugar de aprovechar la coyuntura para impulsar una nueva legislación que diera cuenta de los déficit del sistema vigente, el Ejecutivo ha optado por una legislación que generará problemas en la competencia política y donde en aras de la equidad se atropella con la libertad de poner un mensaje político en la esfera pública para que finalmente sean los ciudadanos quienes decidan.