La DIPRES publicó los informes de ejecución presupuestaria al segundo semestre. En el caso del Ministerio de Educación, se tiene una baja ejecución tanto de los gastos de capital (27%), como de los gastos corrientes (44%). Lo cierto es que esta subejecución no es exclusiva de este año en particular, sino que es un fenómeno que se da año a año, por lo que se debiera evaluar la pertinencia de reasignar los recursos hacia aquellos programas que demuestran ser una mejor vía hacia el fin último. Más aún, no se debieran comprometer más recursos mientras no tengamos certeza sobre el uso que se le está dando al presupuesto ya estipulado.
Ejemplos de programas con subejecución presupuestaria hay varios. En lo referido a transferencias de capital, hay cierto retraso, que si bien podría vincularse con la operativa de dichos programas, no se condice en todo caso con que la Presidenta haya anunciado ya un incremento de estos.
El programa de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar tiene contemplados $ 10.300 millones en la ley de presupuestos, de los cuales la ejecución a la fecha es de $ 0. Del mismo modo, el Programa de Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico Profesional tiene una ejecución nula respecto a los $ 26.852 millones presupuestados, así como el programa de Informática Educativa en Escuelas y Liceos, que tiene apenas una ejecución del 3% de los $ 5.940 millones presupuestados.
Estos casos resultan de gran relevancia si recordamos que la Presidenta Bachelet, en un reciente anuncio de medidas para fortalecer la educación pública, comprometió un programa de infraestructura escolar, centros de entrenamiento y planes de equipamiento para liceos técnico profesionales, y más y mejores tecnologías para el aprendizaje. ¿Cómo es posible que se pretenda destinar cada vez más recursos a programas que, habiendo pasado la mitad del año, están teniendo dificultades para ser implementados?
En la misma ocasión, la Presidenta comprometió un aumento de los recursos para el Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal. Estos corresponden a dos fondos, que contienen un total de $ 131.000 millones, de los cuales tampoco se ha ejecutado un peso.
En transferencias corrientes, también hay otros programas en los que no se registran avances. En educación superior hay una ejecución nula en la entrega de recursos para el Fortalecimiento de Universidades del CRUCH ($ 3.176 millones), de Aporte Basal por Desempeño a Universidades del CRUCH ($ 12.143) y Fondo Desarrollo Institucional para el CRUCH ($ 11.444 millones de presupuesto inicial y $ 9.491 millones de presupuesto vigente), al igual que el Aporte Fiscal Indirecto ($ 23.847 millones). Esto debiera servir como antecedente para responder a los sectores que piden que el financiamiento de la educación superior sea a través de subsidios a la oferta en lugar de vía becas estudiantiles.
En el caso de educación escolar, hay una baja ejecución de la Asignación Variable de Desempeño Individual (AVDI), que depende de la evaluación del profesor y se entrega mensualmente, así como de programas de desarrollo curricular y evaluación: Perfeccionamiento de los Profesionales de la Educación (presupuesto inicial de $ 6.067 millones y vigente de $ 4.650 millones), Fomento a la Calidad de la Formación Inicial de Docentes ($ 5.028 millones) y Plan de Formación de Directores y Liderazgo Educativo ($ 4.012 millones), todos con una ejecución bajísima. Esto da cuenta de cómo las iniciativas para mejorar la calidad docente no están siendo ejecutadas, y por lo tanto debiera estudiarse un cambio en la forma de asignarlas, a cargo de entidades más descentralizadas, como son los mismos sostenedores, de manera que se cumpla de forma oportuna con el objetivo de apoyar y reconocer a los mejores profesores.
En un contexto en que cada vez se busca aumentar el gasto en educación, el Gobierno debiese preocuparse primero de que la asignación de recursos sea la más adecuada para conseguir los fines. Por ejemplo, tenemos el caso de las Subvenciones de Escolaridad versus el presupuesto para infraestructura escolar, recursos educativos, perfeccionamiento y reconocimiento docente. ¿No será más eficiente entregar estos últimos vía subvención, de manera que cada sostenedor decida, con un mayor conocimiento de su realidad local, de qué forma distribuirlos?
