A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE SUSANA JIMÉNEZ, ECONOMISTA SENIOR DE LYD, PUBLICADA ESTA SEMANA EN PULSO.
Es bien sabido que nuestra situación energética es crítica. Con las centrales existentes o en construcción, el abastecimiento está asegurado solo hasta el año 2016. Los años inmediatamente posteriores requieren de acciones decididas para promover un mayor uso del gas (aunque sea más caro que otras alternativas), y de ahí en adelante dependemos de la realización de proyectos que hoy están en el pipeline, pero cuyo futuro es aún incierto.
El escenario es poco auspicioso a la luz de la postergación y paralización de proyectos que ha vivido el país en los últimos años, estimado del orden de 8.500 megawatts. Esta incertidumbre se manifiesta en la falta de contratos, pues no hay disposición para vender energía a precio estabilizado sin contar con la debida certeza respecto de la ejecución de los proyectos en plazo razonable, lo que deviene en una alta variabilidad de los precios.
Ello explica el apremio del gobierno por definir una agenda de energía y la ansiedad del sector por conocerla. El ministro del ramo ha planteado reiteradamente que quiere otorgar un rol más activo al Estado, pero aún no hay total claridad de lo que ello significa.
En mi opinión, el primer y más urgente desafío será generar las condiciones para el desarrollo de proyectos y asegurar con ello un suministro seguro de energía, a precios competitivos. Sus esfuerzos durante los primeros cien días de gobierno deben, por tanto, apuntar a que se concreten los proyectos de energía de base que están por salir o en carpeta. Esta debiera, de hecho, ser una de sus preocupaciones permanentes.
Otro desafío inmediato es fomentar un debate informado, para lo cual es fundamental que genere y trasparente información sobre las alternativas de desarrollo energético con que cuenta el país, con sus beneficios y costos, de modo de contar con un diagnóstico común que permita lograr acuerdos. Deberá además promover el uso de gas en las centrales existentes e impulsar la entrada de nuevos proyectos -oportunidad que se abriría con un diseño adecuado del proceso de licitación de suministro de las distribuidoras eléctricas- y avanzar hacia la interconexión para poder aprovechar centrales con capacidad ociosa en el norte.
Con igual urgencia, la autoridad debiera también seguir avanzando en la agilización de trámites y permisos, estableciendo procesos transparentes y basados en criterios objetivos; mejorar el ordenamiento territorial, privilegiando el levantamiento de información y una interpretación única del alcance de las normas prevalecientes; promover la participación ciudadana por la vía institucional; implementar -de una vez- un sistema de aportes locales que resuelvan la inequidad geográfica entre beneficios y costos asociados a la realización de proyectos; promover la eficiencia y el ahorro energético para aliviar los requerimientos de energía; y buscar las formas de frenar el activismo judicial.
Ninguna de estas propuestas requiere reinventar el modelo, sino más bien perfeccionarlo con medidas como las mencionadas. Planificación, competencia, participación y legitimidad son todos aspectos necesarios, pero será el liderazgo y voluntad de la autoridad la que determinará si se resuelve o no el escollo eléctrico en que nos encontramos.
