A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA CARTA DE JOSÉ FRANCISCO GARCÍA, COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LYD, PUBLICADA EN LA TERCERA.
Hace algunas semanas el Gobierno presentó un proyecto de ley con modificaciones a la ley que crea el Ministerio de Interior y Seguridad Pública (Ley 20.502) y dos leyes relacionadas con Carabineros. Si bien contiene elementos positivos como el aumento de 6.000 Carabineros durante este Gobierno, existen normas adicionales de diseño global de la institucionalidad de seguridad que, con razón, están generando una sana controversia.
En primer lugar, se busca “concretizar, materializar y operativizar las altísimas funciones que en materia de orden y seguridad pública le competen al Ministerio del Interior y Seguridad Pública” en la Subsecretaría del Interior, desnaturalizado el sentido que tuvo la Ley 20.502 y que buscó consagrar como el máximo responsable en esta materia al Ministro. Tanto es así que en su oportunidad se discutió incluso que rindiera cuenta ante el Congreso, quedando la obligación de informar semestralmente a las comisiones designadas por ambas Cámaras. Modificaciones en este ámbito deben estar orientadas a aumentar el involucramiento y responsabilidad del Ministro, no lo contrario.
En segundo lugar, si bien la importancia de aumentar los niveles de rendición de cuentas de las policías ha sido un tema muy debatido a propósito de la implementación del sistema STAD, el proyecto incorpora atribuciones amplias de intervención en materia de gestión las que, de no perfeccionarse, podrían abrir espacio a una negativa injerencia de discrecionalidad política en ámbitos técnicos vinculados a cuestiones operativas o en materia de distribución del contigente.
