A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS UN ESTUDIO DE JAMES M. ROBERTS DE HERITAGE FOUNDATION.
En América Latina y el Caribe, el viejo debate del siglo XX sobre si formar parte del sistema capitalista global hace tiempo que acabó, siendo sustituido por un consenso virtual acerca de la importancia del comercio y la inversión internacionales. Sin embargo, ha surgido una nueva división sobre cómo abordar el auge de las economías asiáticas.
Localizados en su mayor parte en la vertiente oriental de los Andes, un grupo de Estados, incluidos los regímenes de la “Alianza Bolivariana” (ALBA), es decir, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, más la peronista Argentina, han adoptado un modelo de Estado centralista para aprovechar, entre otras cosas, los préstamos e inversiones que frecuentemente acompañan el incremento del comercio con países estatistas como China.
En la parte oeste del continente, sin embargo, se encuentra la Alianza del Pacífico, con Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y posiblemente Panamá, cuyos miembros adoptan un enfoque de mercado, con el Estado centrado en mejorar la transparencia y la eficiencia en los flujos de capitales, bienes e ideas y en ampliar la confianza de los inversores en el Estado de Derecho, el cumplimiento de los contratos y la protección de la propiedad intelectual y material. Los beneficios a largo plazo, reflejados en la voluntad de continuar con estas normativas, se hacen patentes con un simple vistazo a sus respectivos niveles de libertad económica.
Los países de la Alianza del Pacífico, que cuentan con unos ingresos per cápita que están muy por encima tanto de los de la ALBA como de los de China [1], también están muy por delante de los de la ALBA en lo que respecta a la atracción de inversión extranjera directa (como porcentaje del producto interior bruto o PIB), lo que resulta en más crecimiento económico y creación de empleo.
Una economía latinoamericana dominada por el corporativismo clientelista y los gobiernos de corte político populista erosionaría los valores que han afianzado la prosperidad en Occidente y obstruiría el óptimo desarrollo económico de la región. Las oportunidades para la corrupción y la mala administración tanto públicas como en el sector privado se extenderían en proporción al incremento del número de grandes acuerdos interestatales. De hecho, es algo que ya está sucediendo. Según el analista de información del mercado latinoamericano John Price, “China es la mayor fuente de préstamos blandos para los gobiernos de Sudamérica… [Ésta es] una estrategia a largo plazo para garantizarles a las empresas chinas el acceso a la importación de materias primas baratas”[2].
Es de vital interés para Estados Unidos y Latinoamérica que todas las naciones del hemisferio Occidental se definan según los principios de libre mercado, libre comercio y Estado de Derecho. Estos son los célebres principios centrales del Índice de Libertad Económica, publicado anualmente por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal [3].
Irónicamente, ahora son los miembros de la Alianza del Pacífico los que están a la cabeza de la libertad económica. Mientras tanto, Estados Unidos ha registrado continuos descensos en sus puntajes de libertad económica, debidos principalmente al deterioro de los derechos de propiedad, la libertad fiscal y la libertad de empresa. La ampliación sustancial del tamaño y el alcance del gobierno, mediante nuevas y costosas regulaciones en áreas como las finanzas y los servicios médicos, ha contribuido de manera significativa a la erosión de la libertad económica de Estados Unidos. Además, el crecimiento del gobierno ha estado acompañado de un incremento del clientelismo que ha socavado el Estado de Derecho y la percepción de justicia.
El gobierno de Estados Unidos no sólo debería respaldar iniciativas como la Alianza del Pacífico, sino también poner en marcha reformas similares en nuestro país. Además, debería fomentar un verdadero Acuerdo Transpacífico orientado al libre comercio así como acuerdos bilaterales y multilaterales que fortalezcan los principios de la libertad económica y el Estado de Derecho.
A través del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Corporación para el Desafío del Milenio, el gobierno de Estados Unidos puede hacer aún más para fortalecer las capacidades institucionales de sus socios latinoamericanos mediante el aumento de la ayuda técnica en la negociación de acuerdos comerciales, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas aduaneras, la lucha contra el blanqueo de dinero y otros delitos financieros, la protección de la propiedad intelectual y un mejor cumplimiento de las leyes comerciales.
La posición de Estados Unidos debería dejar al descubierto las falsas promesas de las élites populistas (por ejemplo, en los países de la ALBA) que firman acuerdos desfavorables para sus países a cambio de beneficios a corto plazo y que les permiten saldar cuentas con los principales grupos que las respaldan. Estados Unidos no debería tener miedo de trabajar con una comunidad de naciones dispuesta a restringir el acceso a los mercados y a los préstamos internacionales a regímenes que de manera sistemática rehúsan cumplir las reglas de juego. También debería preocuparse por demostrar que está luchando por el bienestar del continente, no sólo por proteger los intereses particulares de las empresas de Estados Unidos.
Durante muchos años, Estados Unidos no ha conseguido expresar claramente al resto del continente los principios que defiende. Y tampoco ha ejercido su liderazgo ni ha dado muestras de disposición a participar en una auténtica colaboración con los aliados de la región. Mientras Latinoamérica continúa perfeccionando la definición del régimen que prevalecerá en la nueva economía del Pacífico, una labor aún en pleno proceso, pocas veces ha habido tanto en juego y pocas veces ha sido más urgente la necesidad de actuar.
