El Gobierno anunció hoy su agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento. El Investigador del Programa Legislativo de LyD analizó las medidas presentadas aclarando que “siempre son bienvenidas medidas que fomenten e incentiven la productividad, el emprendimiento y la innovación, por lo que en principio debiera verse con buenos ojos este anuncio”.

“Se agradece la intención de avanzar en estas materias, pero es necesario tener en consideración las observaciones y dudas previamente señaladas”, concluyó el investigador.

Sin perjuicio de esto, Montalva realizó ciertas prevenciones.

Con respecto al emprendimiento público-privado, el investigador aclaró que no parece adecuado el sistema de joint-venture entre el Estado y empresas privadas. “Sería mucho más adecuado analizar formas de incentivar la competencia dentro de los mercados en los cuales se busca crear estas alianzas para promover un resultado más eficiente”, explicó.

Por otra parte, en relación con la competitividad agricultura, Daniel Montalva argumenta que ésta va necesariamente de la mano de la innovación tecnológica, por lo que es esencial avanzar en materia de obtentores vegetales para así dar cumplimiento al UPOV 91. “Lamentablemente, una de las primeras medidas de este gobierno fue quitar todo el apoyo al proyecto de ley sobre obtentores vegetales también conocida como "Ley Monsanto" por lo que sería diametralmente distinto a lo buscado en esta agenda”, agregó.

En cuanto al incentivo a la inversión forestal, Montalva señaló que, sin perjuicio de extender el plazo del DL 701 sobre fomento forestal, debiera impulsarse la tramitación del proyecto presentado por el gobierno anterior que tenía por objeto extender también los beneficios de dicho DL.

En cuanto al apoyo a las Pyme, “extraña que entre las medidas no se encuentre la creación de un Estatuto PYME 2.0, el cual iría sin lugar a dudas en ayuda de éstas”, dijo el experto.

Finalmente, en relación a la protección de la libre competencia, Montalva cree que será necesario conocer en específico las modificaciones propuestas a la institucionalidad para tener certeza si éstas son adecuadas o no.