REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE OPINIÓN DE CARLOS CIAPPA, ABOGADO Y LLM IN MINERAL LAW AND POLICY CANDIDATE.

Tal como se podía prever, la actual administración ha reactivado la tramitación del proyecto de Ley que “nacionaliza” el agua. Proyecto que tiene su origen entre gallos y media noche, durante la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2009.

Se ha dicho que el objeto del proyecto es replicar en la Constitución la categoría de "Bien Nacional de Uso Público" que el agua tiene en el Código Civil y en el código del ramo. Pero ello no es así.

El proyecto de Ley deroga las normas constitucionales que garantizan a todas las personas la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas que el Estado legalmente ha otorgado o reconocido a particulares, desde la primera Ley de aguas de 1908.

A su vez, el proyecto delega en una nueva Ley, distinta a la que se tramita y que requeriría de un menor quórum, atribuciones para fijar un nuevo estatuto jurídico sobre la utilización de las aguas, derogando uno que ha permitido a Chile desarrollarse en todas las áreas que usan el agua como insumo básico, lo que incluso ha sido reconocido por el Banco Mundial.

Hay que destacar que las disposiciones de la Ley en nada contribuyen a resolver los problemas que la profunda sequía ha causado en nuestro país durante los últimos 4 años y sólo siembra confusión. Esto pues, nadie le ha explicado a los ciudadanos qué pasará con los derechos de agua de aproximadamente 400.000 agricultores que riegan más de un millón de hectáreas, de las hidroeléctricas que generan cerca del 40% de la electricidad, de las sanitarias que dotan de agua potable al 99% de la población urbana y casi el 80% de la población rural y, por último, de las mineras que constituyen más del 50% de las exportaciones de nuestro país.

Es por ello que el gobierno pasado no impulsó la medida y se avocó a poner en práctica un plan de acción que si resolvió problemas reales -entre otros- reducir tiempos de tramitación, modernizar el aparato administrativo, clarificar competencias, disponer de nuevos recursos para la construcción de sistemas de agua potable rural y un ambicioso plan de construcción de embalses para aprovechar la mayor disponibilidad de aguas en el invierno. Asimismo, se articularon consensos entre los más diversos usuarios de aguas para la convivencia pacifica en las cuencas, como fue el caso de Laja y Aconcagua.

Con este proyecto, el gobierno muestra una vez más su relato, confiar más en la burocracia administrativa que en las personas y encuentra como justificación supuestas injusticias que no son más que problemas locales de abastecimiento, en algunos casos muy graves, que deben ser solucionados con medidas claras y efectivas, algunas de ellas, de largo plazo.