A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA CARTA DE NATALIA GONZÁLEZ, DIRECTORA DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, PUBLICADA EN EL MERCURIO.
Constituye una buena noticia el anuncio del pronto ingreso al Congreso del proyecto de ley que reformará el gobierno corporativo de ENAP, ya que la iniciativa contemplaría reformas para profesionalizar su directorio y una obligación por parte de éste de proponer a las autoridades un plan de desarrollo y negocios que consideraría los objetivos y metas de rentabilidad y los planes de inversión, para lograr mejoras en la gestión de la empresa y un mejor control del interés fiscal.
Más allá de los riesgos de que las empresas estatales sean utilizadas como un botín político, múltiples inversiones de éstas no generan el rendimiento esperado, lo que nos perjudica a todos. Así, inversiones en tecnología para ahorrar costos en mano de obra terminan por aumentarlos si posteriormente no se reduce el personal por razones políticas. La sobreestimación del flujo esperado de los proyectos o la subestimación de sus costos y plazos de puesta en marcha, repercuten posteriormente en la capacidad de pago. A ello se suman líneas de acción de las empresas con objetivos de política pública defectuosamente definidos.
Avanzar y no continuar postergando esta discusión es de la mayor relevancia. El Estado, en tanto, desarrolla una actividad empresarial de forma excepcional para cubrir una necesidad pública o colectiva no susceptible de ser satisfecha por el sector privado. En aras de este fin público debe evitarse que estas empresas sean utilizadas con otro objeto diverso al de producir y ofrecer eficientemente sus bienes y servicios. La regulación debe orientarse a su óptima gestión: a que agreguen valor y a evitar el despilfarro de recursos públicos sin crear privilegios especiales que desincentiven la competencia.
