A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA CARTA DE CONSTANZA HUBE, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, PUBLICADA EN LA TERCERA

En sólo una semana se han concretado una serie de despidos de funcionarios públicos, algunos de ellos cuyo nombramiento corresponde al Sistema de Alta Dirección Pública.

Este sistema fue pensado para terminar con la designación de cargos justificado simplemente por la afinidad política del gobierno de turno, respetando el carácter técnico de la persona nombrada, promoviendo la modernización del Estado y el mejoramiento de la gestión pública. Así, cargos como el Director de Aduanas y el Director de Servicio de Impuestos Internos son considerados como parte de aquellos servicios cuyo nombramiento debe pasar por ADP. Sin embargo, estos últimos días se ha podido ver cómo no sólo a estos jefes de servicios, sino que a otros que han sido elegidos a través de este sistema se le ha pedido la renuncia, como si fuera un cargo de exclusiva confianza.

¿Se justifica entonces la inversión en tiempo y recursos que implica el proceso de contratación, si finalmente los gobiernos que asumen, en un día despiden a los jefes de servicio? ¿Qué señal se le está dando al país con este tipo de prácticas?