A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE NATALIA GONZÁLEZ, DIRECTORA DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, PUBLICADA EN PULSO.
El nuevo gobierno ha asumido sus funciones y comienzan a correr los plazos para la presentación de los proyectos de ley comprometidos. En los últimos días se ha reafirmado que una de las primeras iniciativas que ingresará al Congreso, en los 100 días del mandato, es la reforma tributaria. Cabe recordar que según “detalla” el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, se trataría de una reforma de carácter estructural que significaría un replanteamiento del sistema tributario chileno. Lo anterior no sólo por la llamada “Eliminación del FUT” (respecto de la cual está por verse cómo es que se concretará y como se resolverán una serie de dificultades técnicas, legales y prácticas asociadas a la misma), sino por las reformas que se vienen proponiendo a nivel de las nuevas facultades del Servicio de Impuestos Internos a través de la propuesta de incluir una norma general anti-elusión. En términos generales, estas nuevas atribuciones facultarían al SII para aplicar criterios de sustancia sobre forma al analizar transacciones jurídicas y económicas y así controlar la “legitimidad” de las operaciones, cuestión que por cierto importa conceder un inmenso poder a la administración tributaria y posiblemente trasladar la carga de la prueba al contribuyente que deberá probar su buena fe al realizar las operaciones del caso, lo que es muy gravoso.
Por todo ello, más allá de las mayorías circunstanciales que hoy configuran las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, y que eventualmente permitirían la pronta aprobación de un proyecto como éste, resultan muy valiosas aquellas voces que por estos días y desde diversos sectores políticos se han alzado en aras de promover un debate informado, en que sean escuchados, y haya espacio, para todos los actores. Generar estas oportunidades, en el debate pre legislativo y durante la discusión en el Congreso, no solo contribuirá a enriquecer el análisis de un tema que es altamente complejo, y en que es mejor para el país un debate razonado que uno apresurado, sino que hablaría bien de la clase política y del Congreso, el que no debe transformarse en un buzón de iniciativas legales.
