Recientemente el Ministro Andrés Chadwick anunció las prioridades del Gobierno para su última semana legislativa. Entre ellas se encuentra la votación del veto de TV Digital, al que sólo le resta un trámite para ser despachado. En este sentido, es importante recordar que dicha iniciativa lleva más de cinco años de tramitación, y ha sido objeto de una larga discusión que incluyó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional y –finalmente- un veto presentado por el Presidente de la República.
Si bien fueron 28 las observaciones planteadas por el Ejecutivo, producto de un acuerdo político -tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado- muchas de éstas fueron declaradas inadmisibles, otras aprobadas y otras rechazadas, pero que sin perjuicio de esto, no se alcanzó el quórum de insistencia.
En este contexto, la investigadora del Programa Legislativo de LyD, Constanza Hube, explica que son varios los puntos del veto que se podrían considerar como necesarios y convenientes. “El primero de ellos se relaciona con las polémicas campañas de utilidad pública. El Ejecutivo propone acotar el objeto de dichas campañas, sólo a aquellas que tengan como fin proteger a la población en caso de ‘riesgos o amenazas como catástrofes naturales o epidemias’. Además, se restringe a una sola vez la posibilidad de renovación de estas campañas y se habilita a los canales para que si lo estiman necesario puedan presentar un spot alternativo, más acorde a su línea editorial. A esto se suma la posibilidad de renovación de dichas campañas por una sola vez. Hasta el momento habría acuerdo para aprobar las dos últimas propuestas, pero no así la posibilidad de acotar el objeto de las campañas”, señala.
Por otra parte, la abogada indica que el veto mantiene la posibilidad de que TVN pueda tener una segunda concesión; sin embargo, la finalidad de ésta se modifica debido a que dicho canal ya no podría usar esa segunda concesión para transmitir sus propios contenidos, sino que sólo reproducir señales de otros concesionarios que no cuenten con medios para hacerlo. “Es decir, funcionaría como una suerte de transportar público. Este punto del veto –hasta el momento- no sería considerado como parte del acuerdo”, añade.
A juicio de la investigadora el tema más importante, y que ha generado mayor discusión, es la obligación a los canales de televisión de tener que promover ciertos contenidos que forman parte de la definición de pluralismo. “El veto propone mantener la definición, pero elimina la obligación de promover. Lo anterior, es muy relevante, ya que una cosa es el respeto a ciertos “principios” que pueden ser considerados como deseables por parte del legislador; no obstante, otra cosa muy distinta es exigirle a los medios de comunicación que promuevan una determinada visión de sociedad”, expresa.
Finalmente Constanza Hube agrega que “más allá de las legítimas diferencias que se han dado durante la larga tramitación de esta iniciativa, parece necesario avanzar, aunque sea sólo en algunas observaciones presentadas por el Gobierno”.
