A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA CARTA DE LA DIRECTORA DEL PROGRAMA LEGISLATIVO Y CONSTITUCIONAL, NATALIA GONZÁLEZ, PUBLICADA HOY EN EL MERCURIO.

La nueva Administración deberá hacer frente, con el mayor sentido de oportunidad y en forma certera, a la crítica situación que presenta el escenario energético actual con altos precios de suministro y una carencia de oferta de generación de base a mediano plazo. Lo anterior, tiene un efecto directo en los bolsillos de las personas y repercute en la competitividad de nuestro país. Este Gobierno adoptó algunas medidas relevantes como la ley que agiliza el procedimiento para otorgar concesiones eléctricas y la iniciativa que permite la interconexión de los sistemas, pero lo cierto es que queda bastante por hacer y el tiempo apremia.

Este escenario nos sugiere que deben realizarse determinadas reformas para fomentar la competencia en el sector, junto con promover ciertos procesos de acuerdo con la ciudadanía y la clase política para aprovechar el uso de nuestros recursos, impulsando el desarrollo de la energía hidroeléctrica y, en el corto plazo, el uso de GNL considerando la capacidad disponible en las centrales existentes. Pero del diagnóstico no se colige que deban refundarse los pilares centrales de la institucionalidad sobre los que ha funcionado el sistema eléctrico, ni menos reemplazar la iniciativa privada en la materia. Está por verse cuales serán las primeras medidas que adoptarán las nuevas autoridades designadas en este ámbito, pero lo que está claro es que un “Rol más activo del Estado”, como se viene proponiendo en el Programa de Gobierno de la Presidenta electa en esta materia, no sólo debe ser entendido en el marco del principio de subsidiariedad, sino que además no se traduce en menores precios y mayor seguridad de suministro, algo que debiera llamar a la reflexión.