Las democracias modernas requieren constantes ajustes y perfeccionamientos en su institucionalidad. De este modo, el desarrollo democrático adquiere la forma de un continuo en el tiempo siempre sujeto a los requerimientos que imponen las sociedades. Más aún cuando las nuevas formas de politicidad imponen nuevos desafíos que deben ser abordados desde la óptica del diseño de políticas públicas.

Según el investigador del Programa de Sociedad y Política de LyD, Jorge Ramírez, la administración del Presidente Piñera ha dado pasos significativos en el perfeccionamiento de nuestra calidad de la democracia. “Esto se ha dado a partir de iniciativas tales como la inscripción automática, que permitió que más de 5 millones de potenciales electores pasaran a ser sujetos con poder decisorio respecto del devenir político del país. En la misma línea, la ley de elecciones primarias voluntarias pero vinculantes instauró una práctica que gradualmente será un estándar de democracia interna, involucramiento cívico y participación en nuestro sistema político”, señala.

Un Estado más moderno, que sea funcional a los requerimientos de los ciudadanos fue también uno de los objetivos impuestos por la Administración saliente. En esta área, a juicio del cientista político, destaca la creación del programa ChileAtiende, que permite la realización de trámites de manera más expedita tanto de manera presencial en más de 200 puntos de atención en todo Chile, o de manera digital.

Otra arista relevante del desarrollo democrático dice relación con los procesos de descentralización. Para Jorge Ramírez en un país con una tradición tan centralista como Chile, parece menester abordar vías de transferencia de poder político efectivo hacia las regiones: “En esta dirección, la entrada en vigencia de la elección directa de los Consejeros Regionales parece una señal potente en la línea de abrir nuevos canales de expresión política a nivel de los gobiernos regionales”.

Además, el investigador agrega que “la configuración de nuevos estándares a nivel de participación, tienen como consecuencia directa la demanda por acceso a más mejor información respecto de la administración del Estado y el ejercicio del poder. En esta línea, medidas como la ley de lobby y aquellas relacionadas con la probidad y la transparencia en la gestión pública son cruciales a la hora de hacer frente al ánimo de desconfianza imperante hacia la actividad pública”.

En cuanto a los desafío de la administración entrante en materia de reformas políticas, Ramírez indica que estarán centradas en el cambio del sistema electoral binominal, la actualización de la ley de partidos políticos, y probablemente un paquete de medidas que como complemento al voto voluntario, de manera de estimular de un modo más eficaz la participación electoral. “Pero sin lugar a dudas, la Administración Bachelet comenzará a trabajar desde cimientos muchos más sólidos en términos de densidad democrática que los que entregara en marzo de 2010”, sentencia el cientista político.