Ha finalizado su tramitación legislativa el proyecto conocido como Ley de Fármacos, tras aprobarse hoy martes en la Sala de la Cámara de Diputados el informe de la comisión mixta. Ahora sólo resta ser enviado al Ejecutivo para su promulgación.
El proyecto aprobado presenta un claro aporte, al regular aspectos fundamentales para el acceso a la salud de las personas. Sin embargo, existen aspectos que podrían haber sido mejorados y se lamenta no haya existido consenso en ese sentido.
Entre los aspectos positivos aprobados, se puede mencionar que el proyecto se refiere expresamente a los medicamentos bioequivalentes, aquellos respecto de los cuales existe una certificación de que son terapéuticamente equivalentes -con los respectivos estudios y análisis necesarios para obtener dicha certificación-. Se establece que en la receta médica se debe individualizar el medicamento por su nombre de fantasía y agregar, a modo de información, su denominación común internacional, en caso de existir medicamentos bioequivalentes certificados. De la misma manera, se exige a las farmacias contar con un listado, a disposición del público, de los productos con bioequivalencia demostrada. "Gracias a esto, como a la exigencia de expresar el precio de los remedios en el respectivo envase, el consumidor, al momento de comprar, podrá contar con la información necesaria para elegir por precio u otras consideraciones que estime pertinentes", explica María Teresa Muñoz, investigadora del Programa Legislativo de LyD.
Se aprobaron además las normas sobre fraccionamiento, permitiendo así que los pacientes puedan comprar sólo el número de dosis que requieran, reduciendo con ello los costos y la existencia de excedentes médicos en los hogares.
"Si bien es cierto que el proyecto presenta un aporte para el acceso a la salud de las personas, se aprobaron y rechazaron aspectos que a nuestro parecer son lamentables", señala la abogada. En este sentido, se exige a las farmacias que deberán contar con un petitorio farmacéutico disponible para ser adquirido, que incluirá todos los medicamentos con bioequivalencia demostrada para el mismo principio activo y dosis. Esto presenta el inconveniente de imponer a la farmacias pequeñas una obligación muy gravosa, en tanto deberán contar con todos los medicamentos bioequivalentes disponibles. Aún cuando puedan adquirirlos por consignación, igual ello le implica un costo adicional y el proyecto no contempla resguardos al efecto.
De la misma manera, el proyecto aprobado no contempla la posibilidad de venta directa de medicamentos que no requieren receta médica en establecimientos comerciales, toda vez que esta norma fue rechazada por ambas cámaras. Es más, se agregaron normas que derechamente prohíben el expendio en establecimientos distintos de farmacias, almacenes farmacéuticos y ciertos centros asistenciales. Según María Teresa Muñoz, esto resulta lamentable al considerar los beneficios que van de la mano con la venta directa en este tipo de establecimientos. A saber, permitiría un aumento de la competencia, al ingresar nuevos competidores -lugares especialmente habilitados para el efecto- al mercado de medicamentos, actualmente concentrado en farmacias y almacenes farmacéuticos. Lo anterior, generaría una baja en los precios, que se calcula podría fluctuar entre 5% y 16%. Y por último, aumentaría la cobertura, facilitando el acceso de la población a este tipo de remedios.
Es una lástima que no se haya aprovechado el impulso de este proyecto para facilitar el acceso a medicamentos sin receta médica, sobretodo al considerar que actualmente existen 96 comunas, generalmente pobres y aisladas, donde no existen farmacias.
