Recientemente hemos sido testigos de lo que parece una lamentable costumbre en el sur de nuestro país: los atentados violentos de connotación indígena. Tal como a inicios de 2013 donde el año comenzó con la muerte del matrimonio Luchsinger MacKay, este año 2014 comenzó con un incendio en la casa de un conocido agricultor, junto con la colocación de artefactos incendiarios en plena capital de la Región de la Araucanía.

No se puede decir que estamos ante hechos aislados. Estas últimas semanas, ya se han registrado al menos 12 atentados, entre ataques incendiarios a propiedades particulares, a helicópteros y a personal de Carabineros. Las pérdidas materiales son cuantiosas, pero una de las principales repercusiones que están sintiendo los agricultores de la región es el miedo.

"Estas fechas son complejas en la región, ya que por una parte coinciden con la conmemoración del asesinato de Matías Catrileo -con el consiguiente aumento de la dotación policial-, y por otro lado, la región está en pleno período de cosecha, por lo que la preocupación de los agricultores por posibles ataques aumenta, como se ha ido apreciando cada vez más", explica la investigadora del Programa Sociedad y Política de LyD, Claudia Hernández.

En este contexto, las autoridades de Gobierno ya han anunciado que aplicarán la ley con todo su rigor contra los responsables de estos ataques, incluyendo la invocación de la Ley Antiterrorista. La  Ley Antiterrorista ha sido objeto de debate, a pesar de que ha sido reformada en cuatro oportunidades desde el retorno a la democracia (la última, el año 2010).  Sin perjuicio de los constantes cuestionamientos, la Ley Antiterrorista responde a la convicción de que las características de los hechos acontecidos tienen por finalidad causar temor en la población o alterar la tranquilidad pública. En nuestro país, la Fiscalía la ha utilizado en más de 18 oportunidades desde el año 2000 y del total de las causas judiciales iniciadas desde 2009 a la fecha, no ha habido ningún caso de persona condenada por los delitos consagrados en esta ley, por lo que no es una práctica habitual, sistemática ni que responde a un afán de perseguir a un grupo determinado de personas o pueblos como se la ha querido hacer ver.

"Los hechos que hemos presenciado no hacen más que enturbiar los avances en diálogo que se habían logrado en los procesos de consulta o en las discusiones sobre el constante aumento del presupuesto en materia indígena", explica la experta.