
Cada alumno que rinde la PSU debe pagar por ella, pero en la práctica el Ministerio de Educación, a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), subsidia el pago para los alumnos de liceos municipales y particulares subvencionados[i] a través de una beca. De esta forma, la mayor parte del financiamiento de la prueba proviene de recursos públicos. "El objetivo de subsidiar esta prueba es que ningún joven quede excluido de participar en el proceso de selección por no contar con los recursos necesarios", explica María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD.
A continuación, se muestra en la tabla cuántos recursos se han entregado desde 2006, en que este beneficio fue extendido, hasta el presupuesto que se considera para 2014.
RECURSOS PARA SUBSIDIOS PSU, AÑOS 2006 – 2014 (MILLONES DE $ NOMINALES)
| Año | Subsidio PSU |
| 2014 | 5,281 |
| 2013 | 5,127 |
| 2012 | 4,710 |
| 2011 | 4,483 |
| 2010 | 4,707 |
| 2009 | 4,185 |
| 2008 | 4,340 |
| 2007 | 3,272 |
| 2006 | 3,047 |
Fuente: Dirección de Presupuestos (DIPRES), Presupuestos ejecutados. Para los años 2013 y 2014 se utiliza el presupuesto vigente.
"Desde nuestro punto de vista, dar cuenta de la forma en que se han utilizado estos recursos contribuiría a dar mayor transparencia al sistema, especialmente porque las críticas hacia la PSU han sido frecuentes y porque los detalles de su elaboración siempre han contado con un total hermetismo", señala la economista. Tanto así que recién el año pasado se publicaron las conclusiones de la auditoría que se le realizara por una empresa externa en 2012, mientras que el año 2004 se llevó a cabo otra auditoría que jamás fue publicada, y que posiblemente hubiese ayudado a corregir las falencias que los expertos diagnosticaron desde un comienzo, y que la reciente auditoría confirmó.
"En un momento en que la PSU ha sido cuestionada, nos parece positivo que, habiéndose transparentado los resultados de la evaluación técnica de la prueba, ahora se prosiga con el tema financiero", advierte Arzola.
[i] Y de alumnos de colegios particulares pagados que lo requieran y que presenten alguna situación de
vulnerabilidad acreditada por la JUNAEB.