A continuación reproducimos la columna de Jorge Ramírez, investigador del Programa Sociedad y Política de LyD, publicada en El Dinamo:
Existen dos estrategias para abordar el debate voto voluntario/voto obligatorio. Desde una perspectiva de principios, y desde una perspectiva instrumental, vale decir, a partir de las consecuencias prácticas que se desprenden de la obligatoriedad o voluntariedad del sufragio.
A nivel de principios, surge la tensión respecto de si es un deber o un derecho. Quienes creemos que es un derecho, a pesar de que concordamos con que es una virtud cívica el hacerse cargo de los asuntos públicos, consideramos que aquello no justifica la imposición de obligatoriedad. Uno de los principios anclas de todo orden democrático es la promoción de las libertades civiles y la responsabilidad individual, así lo han entendido muchas democracias modernas, que han optado por la estrategia de la promoción del voto, pero no de la coacción por no votar. El argumento de quienes señalan que se legitima la constricción de libertades (como el legítimo derecho a no votar) en aras de promover un sistema de libertades más amplio, como podría ser la democracia, puede resultar a priori atractivo. No obstante, como consta en el debate en teoría política, la cuestión de las libertades, no es trivial, por lo que someterlas al simple ejercicio de “menos por más” no parece del todo prudente.
En una segunda dimensión, se encuentra el debate instrumental que apela a las consecuencias que genera el carácter del voto. Quienes son defensores del voto obligatorio, sostienen a partir de un cúmulo de evidencia internacional, que no es necesariamente replicable en la esfera nacional, que las personas de mayores ingresos votan más que las personas de menores ingresos. Dado lo anterior, para ellos, se justificaría la adopción de una táctica paternalista de obligar a los “más desfavorecidos” a votar, porque ellos no serían “conscientes” de los beneficios que la participación política les entregaría.
La argumentación anterior denota una suerte de iluminismo peligroso. Primero porque si afirmamos la existencia de principios, no debiéramos someternos a la tentación de alterarlos por las consecuencias, que evidentemente son contingentes. Luego, aunque cayéramos en la tentación de alterar nuestros principios por consecuencias, el argumento de los condicionantes socioeconómicos del voto no se fundamenta en una evidencia robusta para el caso chileno. Al respecto Eduardo Engel, y también desde LyD, hemos elaborado estudios que refutan la presencia categórica de un sesgo socioeconómico en la participación electoral.
No parece sensato retroceder hacia el sistema de voto obligatorio. Este retroceso sólo ocultaría mediante un aumento virtual de la participación un fenómeno mucho más complejo como es la desafección ciudadana, del cual, los políticos -y no el electorado- son los principales responsables. ¿Por qué no en lugar de pasar en menos de seis años, desde un sistema obligatorio-voluntario-obligatorio, tratamos, dentro del sistema voluntario, de inyectar dispositivos institucionales pro participación como educación cívica, votación de los chilenos en el extranjero y votación anticipada?
Esperemos que en esta pasada nuestras autoridades estén a la altura y no caigan en la tentación efectista, sino que vayan al fondo de los problemas y desde ahí emerjan las soluciones.
