A continuación reproducimos la columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.

Nuestro país escogió el domingo a Michelle Bachelet como Presidenta por los próximos cuatro años. Llegó entonces el momento de empezar a concretar de qué forma pretende llevar a cabo su programa, que durante la campaña fue tan ambicioso como ambiguo. Con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar sus principales reformas, el problema ya no pasará por la discusión legislativa –como sí ocurrió con el Gobierno actual-, sino por su propia capacidad de escoger las prioridades y de aterrizar sus buenas intenciones en políticas concretas que aborden las falencias del actual sistema de manera exitosa.

En primer lugar, la prohibición de las escuelas y liceos subvencionados cuyos sostenedores tengan fines de lucro. ¿Cómo se hará? ¿Quitándoles la subvención o el reconocimiento oficial? ¿Existirá alguna indemnización para quienes se sientan perjudicados: más de 1 millón de alumnos, 55 mil profesores y 4 mil sostenedores? Porque un sistema de garantías explícitas como pretende implementar la Presidenta electa, supone la posibilidad de que un apoderado disconforme con el cierre de la escuela de su preferencia demande al Estado por coartarle su derecho a una educación de calidad.

De cualquier forma, ¿qué pasaría con colegios con fines de lucro como el Francisco Ramírez de San Ramón, Martín Abejón de Constitución o Ignacio Carrera Pinto de Coronel y otros tantos que durante los últimos años han destacado por sus buenos resultados? ¿Se castigará a los sostenedores, aun cuando la mayoría ni siquiera tiene espacio para percibir grandes ganancias, e ignorando el aporte que hacen a la comunidad? La ciudadanía anhela una educación de calidad y por mayor justicia, pero ¿qué pasará cuando se den cuenta de que quienes estaban detrás del “demonio del lucro” no eran más que estos pequeños sostenedores, que han dado a sus hijos la posibilidad de estudiar en un lugar mejor?

Recientemente conocimos los casos de colegios que fueron cerrados por la Superintendencia de Educación por no cumplir con sus obligaciones mínimas y, a pesar de eso, hubo una fuerte resistencia de los apoderados que se sentían a gusto con sus escuelas. Es esperable una resistencia todavía mayor de los apoderados, si las escuelas que se cierran son de buena calidad, o al menos mejores que las alternativas que queden disponibles.

En segundo lugar, la Presidenta electa prometió durante su campaña que la educación superior será gratuita. Sin embargo, en su programa no se especifica de qué forma se hará. Sólo se dice que será gradual, y que en los 4 años que dura su período presidencial sólo llegará al 70% más pobre (es decir, un 10% más de lo que cubren las becas hoy). Se dice también que la gratuidad será para aquellas instituciones que cumplan con una serie de requisitos de calidad. ¿Cómo se asegurará de que el sistema se mantenga libre de malas prácticas? ¿Y de qué forma hará efectiva esta gratuidad? ¿Mediante becas o recursos directos a las instituciones? ¿Cómo velará por la contención de los costos en instituciones que no verán en la práctica una restricción presupuestaria? ¿Y cómo cautelará que no se produzca un alargamiento excesivo de las carreras?

Y más allá de lo anterior, todavía no explica con claridad cuál es la lógica de destinar los recursos públicos a costear la educación superior de quienes cuentan con los recursos para hacerlo y que incluso pagaron elevadas sumas por sus colegios particulares, en lugar de destinarlos a fortalecer la educación preescolar y escolar de los más pobres y la clase media, por ejemplo aumentando la subvención escolar preferencial.¿Cómo le explicará a los 8 de cada 10 jóvenes más pobres del país que hoy no acceden a educación superior porque tienen restricciones anteriores al financiamiento, que la gratuidad de ésta no los beneficiará, pues no resolverá sus problemas reales, como fue una educación escolar deficiente?

Pasada la elección, las buenas intenciones planteadas en materia educacional deben convertirse en políticas concretas y deseables desde el punto de vista social, que respondan a las expectativas creadas en la ciudadanía. No olvidemos que “el diablo está en los detalles”, y tan importante como definir los objetivos es establecer el camino a seguir. Gran tarea le espera a la Presidenta de aquí a marzo.