El año 2012 el Servicio Electoral (SERVEL) sufrió una serie de modificaciones cuando entró en vigencia de la Ley 20.568 que "Regula la inscripción automática, modifica el Servicio Electoral y moderniza el sistema de votaciones". Entre las principales, se encuentra la creación de un nuevo órgano de dirección del Servicio Electoral, denominado Consejo Directivo del SERVEL.

Pero, la modernización del SERVEL no se agota en la conformación de su Consejo Directivo. Precisamente, a partir de esta nueva configuración institucional surge una oportunidad para profundizar en lo avanzado y abordar aquellos asuntos pendientes.

Muchas de las cuestiones que uno podría mencionar como reformas al cuerpo electoral resultarán materia de ley. Por otra parte, muchas de las incapacidades institucionales del SERVEL se fundan en el hecho de que la legislación electoral vigente no concentra todas las atribuciones y capacidades decisorias en el órgano contralor. Muchas de las incapacidades operativas se deben a que la ley no le confiere el espacio para operar, o  porque la propia ley establece una interacción con otros organismos (Registro Civil, Notarías, Carabineros, Municipalidades, etc.) que complejiza la operatividad.

AMPLIACIÓN DE FUNCIONES PARA EL SERVEL

El SERVEL tiene capacidades limitadas y este esquema institucional rígido no es capaz de procesar las nuevas exigencias que emergen en el sistema político chileno. Se hace necesaria una modernización que permita darle mayor enforcement a algunas de sus actuales funciones. También, se torna evidente la necesidad de ampliar el abanico de funciones del SERVEL.

Una mayor dotación de recursos y un ajuste estructural a nivel interno, permitiría que el SERVEL pudiera dar forma, a lo menos, a tres divisiones:

1) División de Estudios del Servicio Electoral: Se torna indispensable que el SERVEL cuente con una división de estudios, abocada a la realización periódica de informes que permitan levantar información basada en evidencia, a fin de optimizar la lectura de los procesos electorales, comprender de mejor manera fenómenos de naturaleza compleja como la participación vía sufragio, e introducir innovaciones en diferente áreas de nuestro ordenamiento electoral. Una dotación de expertos en análisis de instituciones políticas, analistas de datos y comparativistas del derecho electoral, serían la estructura base para dar forma a esta nueva división. Dentro de las funciones de la división estaría la preparación de informes periódicos para el Consejo Directivo, la sugerencia de innovaciones en diversas materias del proceso electoral a partir de enfoque técnico y la elaboración de informes de evaluación de los procesos electorales.

2) División de Transparencia del Servicio Electoral: Un segunda división necesaria es la de transparencia, abocada única y exclusivamente al control y fiscalización de ingresos y gastos electorales, estados financieros de los partidos y la validación de información sobre la cual se sostienen los registros de los militantes de partidos políticos y la inscripción de candidaturas. Las denuncias de “falsos militantes” que surgieron después de la elección primaria y problemas con la validación de las firmas notariales que presentan los candidatos presidenciales independientes, son sólo ejemplos de vacíos legales, disfuncionalidad institucional, al descansar el SERVEL en la función de otras entidades, pero también de falta de capacidad de validación y fiscalización por parte del órgano electoral.

3) División de promoción de la democracia: Las últimas cifras de participación electoral y la desafección ciudadana han puesto de manifiesto la necesidad de promover ciertos valores democráticos. La educación cívica es parte de las funciones esenciales de una parte de los órganos electorales. El SERVEL, con su nueva configuración institucional, se encuentra en una posición preferente respecto a otras entidades para la elaboración de programas de educación cívica.

LA NUEVA AGENDA DEMOCRÁTICA

A partir del escenario político actual, han emergido una serie de desafíos que implicarán un esfuerzo adicional del Servicio Electoral para poder hacer frente a ellos. No sólo se trata de temáticas emergentes, sino que también de asuntos postergados por larga data, que exigen que su tratamiento sea impostergable. A continuación, se mencionan 6 áreas bajo las cuales se evidencian desafíos y cursos de acción efectivos para abordar la nueva agenda democrática:

1. I.            Nuevas tecnologías de la Información en el Proceso Eleccionario: A partir de la entrada en vigencia de la inscripción automática y el voto voluntario, es fundamental georeferenciar el padrón electoral para de este modo a partir de inteligencia territorial determinar el emplazamiento de los locales de votación. El mayor número de potenciales electores, y el registro de comportamientos electorales previos, permitiría al SERVEL hacer estimaciones respecto a la necesidad de ampliar el número de locales de votación o determinar mejores emplazamientos.

1. II. Sistema de votación anticipada: Mediante la instauración de un sistema de votación anticipada, por correo, o de manera presencial en las oficinas regionales del SERVEL, se podría incentivar la participación y descomprimir los flujos de votación del día de sufragio presencial. La experiencia comparada muestra que el periodo de votación anticipada puede oscilar entre 20 a 15 días anteriores a la elección, con término de 5 días anteriores al día de los comicios, para de esta manera actualizar los registros y eliminar a los electores que sufragaron anticipadamente, definiendo en los registros que votó anticipadamente.

1. III. Voto desde el exterior: Las cifras oficiales del INE y la DICOEX para 2005 registraron una cifra de 857.781 chilenos que viven fuera del país. La fórmula para permitir la votación de nacionales en el exterior, que hasta el momento ha generado mayor consenso entre los actores políticos, es aquella que exigiría como único requisito una inscripción previa en el respectivo consulado o embajada. Lo anterior exigiría un esfuerzo importante en términos logísticos y de coordinación entre el SERVEL y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Puesto que cada consulado o embajada en el exterior adquiere el status de junta electoral.

1. IV. Potencial redistritaje: En lo relativo a potenciales modificaciones del sistema electoral parlamentario, el SERVEL bajo su división de estudios debiera participar del proceso de redistritaje. Esto para evitar el problema del gerrymandering, o el diseño intencionado de unidades electorales con fines partidistas, y porque el SERVEL, en conjunto con el INE dispondrían de información oficial respecto a la población de cada unidad electoral y la cantidad de registrados en el padrón electoral que sin lugar a dudas, junto a su mirada transversal serían de gran aporte en este proceso.

1. V. Desafíos de una nueva legislación de partidos políticos: Actualmente se encuentra ingresado un proyecto de ley que modifica la Ley 18.603 Orgánica Constitucional de Partidos Políticos. Este proyecto aborda cuestiones fundamentales en cuanto al ordenamiento institucional de las agrupaciones partidarias en lo que respecta a materias como estructura y funcionamiento de su democracia interna, transparencia en sus procedimientos administrativos y de toma de decisiones y cambios en cuanto a sus requisitos de constitución y disolución, entre otros. En cada una de estas dimensiones del proyecto, el SERVEL participa ya sea de modo directo o indirecto.

1. VI. Desafíos en la divulgación de información: Resulta fundamental que el SERVEL inicie un proceso de estandarización de la entrega de información electoral, transparencia del proceso  y estadísticas del registro electoral, bajo estándares de gobierno abierto. Es decir, información al acceso de todos los ciudadanos, en formato amigable y procesable por quienes así lo deseen. Si bien, nuestro Servicio Electoral destaca a nivel internacional por su rápido despliegue de resultados electorales, no se genera la misma situación con una amplia gama de información electoral complementaria que es vital para el adecuado control ciudadano.

* Autor: Jorge Ramirez, investigador del Programa Sociedad y Política de LyD