El proyecto de ley Boletín número 7975-25, que fortalece el resguardo del orden público fue aprobado, en primer trámite, por la Cámara de Diputados, sólo respecto de dos artículos: El primero que modifica el delito de atentados en contra de la autoridad, contenido en el artículo 261 del Código Penal, en el cual incluye dentro del concepto de "autoridad" a los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad y los funcionarios de Gendarmería, en ejercicio de sus funciones.
El segundo artículo aprobado dice relación con la modificación al Decreto con Fuerza de ley 7912 del Ministerio del Interior que organiza las secretarías de Estado, proponiendo incorporar la facultad del Ministerio del Interior de querellarse respecto de delitos contra la seguridad pública, y ciertos delitos de amenaza, maltrato y homicidio cometidos contra Carabineros.
Con la aprobación de la Cámara pasó al Senado, quien rechazó la idea de legislar sobre la materia. Es por lo anterior, que se constituyó una comisión Mixta, en la cual, además de mantener estos artículos ya citados, el Ejecutivo incluyó otros que ya habían sido rechazados por la Cámara, como aquellos referentes a aumentos de penas, agravantes especiales para la comisión del delito de atentados en contra de la autoridad, y aumento de penas para casos de desórdenes graves, calificando estos delitos cuando concurren determinadas circunstancias, como actuar con rostro cubierto o a propósito de actos masivos o espectáculos públicos.
Así las cosas, el proyecto se envió a la Cámara nuevamente para que aprobara o rechazara tal como salió de la Comisión Mixta, debiendo pronunciarse respecto de él como un todo. El resultado del día martes 17 de diciembre fue el rechazo del mismo.
Ante este escenario, sólo queda esperar que el Ejecutivo se pronuncie sobre la insistencia en el mismo. Recordemos que, de acuerdo a la facultad constitucional, el Presidente de la República podrá pedir que esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los dos tercios de sus miembros presentes en el proyecto que aprobó en el primer trámite. Sin embargo, esta situación se prevé poco probable, dado el escenario político.