A continuación reproducimos nuestro último Tema Público:
Entre abril y julio de 2012 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) llevó a cabo las encuestas en terreno para el Censo de Población y Vivienda 2012. Sus preparativos y planificación comenzaron en 2007, y sus resultados fueron liberados los primeros días de abril del año que corre.
Inmediatamente tras la publicación de dichos resultados, se inicio una ola de intensos cuestionamientos al procesamiento y presentación de las cifras. En particular, la crítica iba hacia la falta de claridad respecto a la inclusión en los resultados de ciertas imputaciones de datos faltantes, tanto para viviendas visitadas cuyos moradores se encontraron repetidamente ausentes, como para aquellas viviendas que no fueron observadas, pero que de acuerdo a las estimaciones debían existir. Estos cuestionamientos rápidamente escalaron llegando incluso a poner en duda la totalidad del proceso censal, culminando con la renuncia del director del INE, Francisco Labbé, la remoción de los resultados publicados en la web institucional y la convocatoria a una Comisión Externa Revisora, cuyo mandato sería el de “evaluar el proceso del Censo 2012, los resultados obtenidos, y entregar recomendaciones al INE respecto de cursos de acción para el actual censo y de mejores prácticas para el futuro” .
Tres meses más tarde, a comienzos de agosto, la Comisión conformada por cinco miembros , publicó su documento Informe Final Comisión Externa Revisora del Censo 2012, para la cual “analizó los documentos y bases de datos existentes, solicitó al INE la elaboración de documentación e información adicionales, entrevistó a una diversidad de personas que participaron directa o indirectamente en el proceso censal, y contó con el apoyo de diversos profesionales del INE cuando ello les fue solicitado”.
En este informe, a través de una serie de argumentos referidos al proceso censal, donde se incluye planeación, ejecución, recursos y presupuesto, además de decisiones metodológicas y el ambiente organizacional dentro del INE -los que se verán en detalle en una siguiente sección y que a juicio de los comisionados podrían haber inducido a errores- se planteó la recomendación de no utilizar los resultados del Censo 2012 y la necesidad de realizar un Censo abreviado lo antes posible, proponiéndose el año 2015 para ello.
Como había adelantado el nuevo Director del Instituto, Juan Eduardo Coeymans, antes de recibir el informe de la Comisión Externa, lo que sumado a lo radical de dicha recomendación y el alto costo de seguirla, el INE decidió buscar una segunda opinión de carácter internacional. Para ello le pidió a Eurostat, agencia estadística de la Unión Europea, que recomendara una lista de expertos con probada experiencia internacional en la elaboración de Censos, a quienes se le encargaría un segundo trabajo de revisión.
De este modo, el 2 de septiembre de 2013, la Comisión Internacional compuesta por tres expertos independientes , comenzó su trabajo el que concluiría el día 22 de noviembre con la difusión y presentación a la ciudadanía de su informe Report of the International Comission on the 2012 Population and Housing Census of Chile. En este, se realiza un escrutinio intensivo y detallado de las operaciones de campo y del procesamiento de datos, con especial énfasis en identificar el origen de resultados aparentemente anómalos o extremos en diferentes comunas del país, y en asegurar que la elaboración y presentación de los datos estuviese acorde a las mejores prácticas internacionales recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas. Esta segunda comisión concluyó que si bien el proceso censal adoleció de ciertos errores, estos en ningún caso justifican desechar los resultados del Censo 2012, y que éstos, acompañados de los informes procedimentales y metodológicos correspondientes “sean difundidos y usados tan pronto como la documentación metodológica necesaria esté lista para su publicación.”
Los dos informes independientes, si bien presentan similitudes en algunas de sus conclusiones, ofrecen recomendaciones completamente opuestas. Surge la necesidad de analizar con mayor detalle los argumentos que se esgrimen para justificar dichas conclusiones. Lo anterior, especialmente a la espera de que el INE decida su curso de acción futuro, los recursos que requerirá y la pertinencia de la utilización de los datos censales.
