La crisis financiera global nos mostró hace algunos años que resulta clave contar con instituciones eficaces en la prevención, manejo y resolución de crisis, junto con promover la estabilidad del sistema financiero. Lo anterior, sobre todo si se considera que los mercados y sus productos son cada vez más sofisticados y que las empresas se estructuran bajo conglomerados, lo que hace difusa la frontera entre las competencias de los reguladores sectoriales.
En el año 2011, se creó en Chile, mediante el Decreto Supremo N° 953 del Ministerio de Hacienda, el Consejo de Estabilidad Financiera para velar por la estabilidad y solidez del sistema financiero. Ello constituyó un primer paso en la dirección correcta, pero insuficiente en términos de la estabilidad institucional de dicha instancia. Hoy el Ministro de Hacienda ha ingresado a discusión en el Congreso Nacional un proyecto de ley que provee de un marco legal a la referida institución.
Natalia González, Directora del Programa Legislativo y Constitucional de LyD, explica que más allá de la revisión en detalle de su articulado y los eventuales perfeccionamientos a que haya lugar, cabe celebrar el envío de la iniciativa. En primer lugar, el reconocer la existencia del CEF, como una instancia consultiva, por la vía legal le dará mayor estabilidad en el tiempo. En segundo lugar, la iniciativa propende a la coordinación e interacción formal de los reguladores especializados en la vigilancia de una serie de intermediarios en el mercado financiero, lo que tiende a un mejor monitoreo de los riesgos y supervisión de los conglomerados -velando así por la estabilidad de los sistemas financieros-, aún cuando respetando la autonomía y poder de decisión de los reguladores sectoriales.
El proyecto toma asimismo determinados resguardos en términos de la información que se intercambia y discute en la instancia, adoptando las reservas necesarias cuando ello proceda, de manera de no impactar inoportunamente la confianza de quienes participan en los mercados. Finalmente implica la adopción de recomendaciones de reconocidos organismos internacionales y comisiones de expertos en Chile (como lo fue la Comisión Desormeaux).
Desde luego algunas de las ventajas antes mencionadas implican determinados costos; asimismo la adopción de determinadas opciones regulatorias lo son en desmedro de otras, lo que es discutible, por cierto. Pero al menos se ha generado la instancia para que esas cuestiones se discutan en el Congreso Nacional, lo que constituye una muy buena noticia.
