A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en medios regionales:
Las recientes elecciones parlamentarias han sido relevantes en varios sentidos, pero hay uno que destaca para nuestros efectos: se ha establecido la fuerza relativa con la que las diversas corrientes políticas llegan a la conversación constitucional que se ha instalado. Más allá de los contenidos, y de ganar finalmente Michelle Bachelet, la primera discusión en marzo estará vinculada al proceso de reforma.
En el programa de Bachelet se establece que se busca una nueva Constitución sobre la base de un proceso “institucional, democrático y participativo”. Conocemos las reglas actuales de reforma a la Constitución; dependiendo el capítulo se trata de quórums de 2/3 y 3/5 de los parlamentarios en ejercicio –bastante estándar a nivel mundial–. Pero, en este ámbito, no han contribuido para nada las declaraciones pasadas de la candidata –y las de algunos miembros de su equipo constitucional– que ponían demasiado énfasis en la táctica: dependiendo de las fuerzas que tengan en el Congreso, se definirá la vía elegida para el cambio.
Los chilenos ya han hablado y no le han entregado un mandato de 2/3 o 3/5 ni en la Cámara ni en el Senado. ¿Qué significa eso? ¿Desechará la búsqueda de acuerdos amplios en el Congreso u optará por el camino de un decreto inconstitucional que llama a plebiscito para pronunciarse sobre la Asamblea Constituyente, que para sus autores no sería controlable por el Tribunal Constitucional? ¿Interpretará un eventual triunfo categórico en segunda vuelta como señal de algo en este ámbito?
El programa de Bachelet también se refiere a la necesidad de reformas “de entrada” que permitirían hacer un proceso participativo. Dicha participación parece estar pensada tanto durante el proceso –¿Integrar al debate parlamentario a representantes de la sociedad civil? ¿Designados? ¿Electos?–, como después –plebiscito del proceso–. Pero nuevamente se abren varias interrogantes: ¿qué pasa si hay legítimas diferencias respecto de las reformas “de entrada”? ¿Serán consideradas bloqueo? ¿Será entonces una señal para optar por vías extra institucionales como el decreto inconstitucional antes referido?
En este escenario, la conversación constitucional en nuestro país sigue marcada por la ambigüedad de Bachelet. Quedan todavía demasiadas interrogantes.
