• Los resultados entregados en esta segunda encuesta muestran que en general la percepción de confianza en la justicia chilena es baja. Asimismo, el que un 50% califique la independencia judicial como baja o muy baja es una señal preocupante. Con todo, respecto de 2012, este año mejora la percepción de independencia de la Corte Suprema.
• Sobre la evaluación de desempeño de los jueces, destaca el que un 35% sostenga que debe ser un órgano independiente al Poder y un significativo 31% que sea la ciudadanía mediante elecciones populares.
• Respecto de las consecuencia de una evaluación positiva de los jueces, un 51% declara que no debiese existir ninguna, puesto que sólo hacen su trabajo mientras que un 40% declara que deben existir premios no económicos como capacitaciones o estudios de postgrado y sólo un 6% está de acuerdo con que reciban un premio económico como un aumento de sueldo o un bono.
• Acerca de las consecuencias de una mala evaluación de desempeño, un 43% declara que los jueces deben ser capacitados para mejorar y un 36% los que declaran que debiesen ser removidos después de algunas malas evaluaciones.

Percepción general:

• Un 80% de los encuestados califica en general al sistema de justicia chileno como poco o nada confiable, por lo que hay poca variación respecto al año 2012. Sin embargo, un 61% de los encuestados declara que si se viese envuelto en un conflicto con otra persona, recurriría a la justicia en todos o en la mayoría de los casos, lo cual es un alza leve respecto al 58% que contesto lo mismo el año pasado.
• Un 87% de los encuestados considera que en Chile los jueces favorecen a ciertos grupos más que otros, cifra equivalente a la del año pasado.
• En materia de independencia judicial, este año un 44% de los encuestados califica la independencia de la Corte Suprema como baja o muy baja, mejorando respecto al 2012 donde la cifra era de 51%. Asimismo, un 46% la califica alta o muy alta. Respecto de la independencia de los jueces en Chile, un 50% los califica como baja o muy baja, lo que es un retroceso respecto al 44% que consideraba lo mismo el año pasado. Un 44% califica la independencia de los jueces como alta o muy alta.

Evaluación de los jueces:

• Respecto a quien debiese evaluar el desempeño de los jueces, un 35% de los encuestados considera que debe ser un órgano independiente al Poder Judicial, lo cual es una reducción respecto al 43% que consideraba lo mismo el año pasado. Asimismo, un 31% declara que debiese ser la ciudadanía mediante elecciones populares, equivalente a la cifra de 2012. Solamente un 13% se inclina por mantener el actual sistema de evaluación mediante el superior jerárquico.
• Durante este año, dentro de los criterios más importantes para evaluar positiva/negativamente a los jueces se mantienen como alternativas relevantes el dar un trato equitativo a ambas partes del juicio con un 40% (42% el año pasado); y se incrementa levemente el apoyo al criterio de que sus sentencias se apeguen a la ley con un 40% (37% en 2012).
• Respecto a las consecuencias de una buena evaluación de desempeño, un 51% declara que no debiesen existir ninguna puesto que sólo hacen su trabajo (56% en 2012). Por otro lado, un 40% declara que deben existir premios no económicos como capacitaciones o estudios de postgrado (36% en 2012). Sólo un 6% está de acuerdo con que reciban un premio económico como un aumento de sueldo o un bono (5% en 2012).
• Respecto a las consecuencias de una mala evaluación de desempeño, un 43% declara que los jueces deben ser capacitados para mejorar, cifra bastante superior al 35% que opinaba lo mismo el 2012. Por otro lado, disminuyen a un 36% los que declaran que debiesen ser removidos después de algunas malas evaluaciones, importante disminución respecto al 47% de 2012.

Percepción particular/ caso concreto:

• Este año un 17% de los encuestados declara haber participado él/ella o algún familiar en un juicio o gestión ante los tribunales de justicia, lo que representa un descenso respecto al 27% que declaraba lo mismo el año pasado. De ellos, un 23% lo hizo en un Tribunal de Familia (un 29% el año pasado), un 17% en un Tribunal Civil (26% el año pasado) y un 21% en uno Penal (un 17% el año 2012). Según dicha participación, un 46% evalúa el trabajo del tribunal en términos generales como malo o muy malo, lo que representa un importante descenso respecto al 60% que consideraba lo mismo el 2012. Por el contrario, ahora un 44% lo evalúa como bueno o muy bueno, mientras el año pasado esta cifra solo alcanzaba un 39%.
• En lo que se refiere a la calificación de diversos aspectos de los trabajos de los tribunales en el caso concreto, aquellos que obtienen mejor calificación son “infraestructura del tribunal” (que cae desde 5,2 a 4,9 en 2013); “trato de los funcionarios del tribunal (se mantiene en 4,3), y a los “abogados” del caso (que pasa de 4,3 a 4,2 en 2013). Las peores calificaciones las obtiene la “información sobre las etapas y la duración del proceso” (que mejora de 3,7 a 3,9 en 2013), el “trato del juez” (que cae de 4,2 a 3,8 en 2013), y los “tiempos de tramitación de su caso” (que aumenta de 3,3 a 3,5 en 2013).
• Respecto a los costos estimados que enfrentaron en el caso quienes tuvieron contacto (o algún familiar) durante el último año con un tribunal de justicia, un 39% declara que estos fueron inferiores a $ 200 mil (respecto al 48% que señalaba lo mismo el 2012) y un 19% declara que estuvieron entre $ 200 mil y $ 500 mil (un 20% señalaba lo mismo el 2012). Por su parte, aumenta de un 15% a un 20% los costos estimados de los que gastaron entre $ 500 mil y $ 1 millón.

Ficha Metodológica:

• Tipo de encuesta: estudio cuantitativo con aplicación de encuestas telefónicas, con operadores en vivo.
• Muestra: 756 casos de la Región Metropolitana.
• Método de selección de la muestra: muestra probabilística con selección aleatoria de hogares y entrevistados. Se utilizó un cuestionario estructurado de 10 minutos de duración.
• Margen de error asociado al estudio: 3,6%.
• Nivel de confianza: 95%.
• Fecha de aplicación: 30 de Septiembre de 2013.

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