A continuación reproducimos la columna de Natalia González, Directora del Programa Legislativo y Constitucional de LyD, publicada en La Tercera:
Se dio a conocer el documento con las 50 medidas que la candidata de la Nueva Mayoría impulsaría en los primeros 100 días de su eventual gobierno. Del documento, llama especialmente la atención la falta de contenido de algunas propuestas, al punto de que aparecen como una salida apresurada a las auténticas críticas que apuntan a que Bachelet aún no hace público su programa de gobierno.
En materia de proyectos de ley, abundan los compromisos de envío al Congreso de diversas iniciativas legales. Sin embargo, el contenido de las mismas o la orientación detrás de ellas, no tanto. El lenguaje que adorna estos anuncios adopta así un tono ambiguo, lo que no hace más que seguir la nota que ella misma ha impuesto en el debate de algunas ideas. En concreto, compromete un proyecto de ley para una gran reforma educacional, indicando que “necesitamos una educación de calidad, gratuita, sin segregación y en que no se lucre con fondos públicos”. Ahora bien, ¿resuelve este documento las dudas que en esta materia se presentaron cuando anunció por primera vez esta reforma? ¿Gratuidad para todos? ¿Gratuidad en la educación escolar y superior? ¿Qué medidas adoptará para propender a una mayor calidad? No hay respuesta. En materia de reforma tributaria ocurre otro tanto, siendo ésta una de sus propuestas emblemáticas.
La ambigüedad, no obstante, no es el único problema. También lo es la aparente contradicción entre Bachelet de 2013 y la que gobernó hace tan solo cuatro años. Se anuncia un proyecto para crear una AFP estatal. Sin embargo, durante su administración, esta idea fue desechada. Cierto es que todo el mundo puede cambiar de opinión, pero lo interesante sería conocer por qué ahora esta idea es una de sus medidas prioritarias. Siguiendo con el listado, anuncia una indicación al actual proyecto en trámite sobre multi RUT. A pesar de que no señala en qué dirección irán esas modificaciones o en qué difieren de los contenidos del proyecto que se encuentra en trámite, digamos que al menos aquí tuvo el cuidado de anunciar que se trataría de una indicación, cuestión que no ocurre con otras medidas que anuncia como si fueran una novedad, como el caso de la creación de un Ministerio de Cultura y del Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas. Desde luego, una administración diferente siempre puede enviar a discusión nuevas iniciativas, pero a lo menos la ciudadanía quisiera saber qué es lo que amerita que ella las plantee como nuevas.
Por otra parte, insiste en categorías que tienen complejidades jurídicas y que debiéramos pensar en cómo resolverlas en vez de perseverar en ellas. En este sentido, anuncia un proyecto de ley para dar “rango de ministro” al director de la Conadi, solución que además sería momentánea, pues crearía el Ministerio de Asuntos Indígenas, con un “verdadero” ministro. Más allá de preguntarse si estos anuncios resuelven el problema de fondo, parece un contrasentido y un mal uso de recursos públicos tener al Congreso debatiendo soluciones “momentáneas” para luego discutir las “definitivas”, cuando ambas apuntarían a lo mismo.
