A CONTINUACIÓN, REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.
La erradicación de la pobreza y la movilidad social son objetivos primordiales en nuestro país y por esto debieran ser preocupación central de los candidatos que hoy postulan a la Presidencia. Evidentemente no es una tarea fácil, y a grandes rasgos se pueden usar dos caminos alternativos, cada uno de los cuales tiene sus dificultades. El primero corresponde a la vía fácil: entregar bonos que aumenten el ingreso de los hogares y con ello se ubiquen por sobre la línea de la pobreza. Vía fácil, pero a su vez precaria, pues no resuelve los problemas de fondo que están originando que un hogar viva en situación de pobreza, sino sólo se está creando una dependencia de las personas con el Estado. Pan para hoy, hambre para mañana.
Por el otro lado está la vía difícil, pero permanente (y desde mi punto de vista, digna). Ésta se basa en creer en las personas y en sus capacidades, independiente de la (mala) suerte que les haya tocado vivir, y consiste en ayudarlas a desarrollar por sí mismas las herramientas que les permitirán salir adelante y superar su condición de pobreza. Éste es un camino largo y bastante más lento, que requiere de esfuerzo, paciencia y responsabilidad, pero cuyos resultados podrán ser permanentes.
En esta línea, la Educación y la Capacitación parecieran ser las herramientas indicadas, pues lo que hacen es potenciar a las personas, integrándolas a la sociedad, mejorando su capacidad de generar ingresos, y haciendo que éstas sean las dueñas de su propio futuro, no el Estado.
La candidata a la presidencia Evelyn Matthei dio a conocer hace unas semanas su programa de gobierno. En materia de educación, las principales propuestas apuntan a mejorar las oportunidades de acceder a una educación de calidad, de manera que ningun joven se vea restringido por su condición socioeconómica, y pueda optar por estudiar en la educación superior, o bien ingresar directamente al mercado laboral. En educación técnico profesional, se plantea avanzar en una mayor pertinencia de las especialidades, para lo que se requiere el aporte tanto de actores educacionales como del sector productivo, y en la creación de marcos de cualificaciones que permitan la convalidación y el reconocimiento de los aprendizajes, de manera de facilitar la articulación entre niveles educativos y a su vez de estos con el mercado laboral.
Lo anterior se complementa con un incentivo a la participación laboral, que consiste en una transferencia del Estado para jóvenes (y mujeres) vulnerables y de clase media emergente que trabajen jornada completa, y reciban remuneraciones inferiores a $ 300 mil. La literatura ha mostrado que, a diferencia de las transferencias en forma de bono que se entregan por el sólo hecho de vivir en situación de pobreza, las transferencias condicionadas al cumplimiento de alguna conducta, en este caso a estar empleado, son una herramienta más efectiva contra la pobreza, en la medida que incentivan comportamientos que serán fructíferos para la persona.
Por último, se proponen mecanismos para incentivar la prolongación de la vida laboral. Y para el grupo que queda fuera de las políticas de educación, capacitación y empleo, pues ya abandonaron el sistema educativo y mercado laboral, y que a lo largo de su vida no lograron un mínimo de cotizaciones, producto de lo cual hoy reciben bajas pensiones, se propone aumentar la pensión básica solidaria desde $ 82 mil a $ 100 mil, y aumentar la cobertura del aporte previsional solidario desde los actuales $ 266 mil hasta $ 350 mil.
Esto último responde a la necesidad de apoyar a quienes no tuvieron suficientes oportunidades durante su vida, y son un complemento a las propuestas de fondo que lo que buscan es justamente evitar que en el futuro haya que recurrir a herramientas de este tipo con quienes hoy están a tiempo de cambiar su destino.
