A continuación reproducimos la columna de Jorge Ramírez, investigador del Programa Sociedad y Política de LyD, publicada en El Dinamo:
El proceso político opera en lógicas de acción que muchas veces son difíciles de comprender y asimilar por parte de la ciudadanía. Más allá de la existencia generalizada de un clima de desafección cívica, es preocupante que éste se agudice a la hora de ver la imagen que posee nuestro Congreso Nacional. Basta ver las cifras de respaldo al Congreso en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos de julio-agosto de 2013, donde sólo un 12% de los encuestados declara confiar en éste.
Al respecto, la comisión bicameral pro transparencia liderada por el senador Hernán Larraín (UDI) y el diputado Patricio Vallespín (PDC) ha dado impulso a una agenda pro transparencia y de acceso a la información pública que también tiene por objeto incrementar la integridad pública de nuestros congresistas y perfeccionar la responsabilidad institucional del Congreso Nacional en la materia. Todo en el contexto de la suscripción a la Alianza Internacional por el Gobierno Abierto (www.ogp.cl).
Una visión sistémica del proceso político señala teóricamente que la ciudadanía realiza demandas hacia las instituciones y éstas responden mediante la asignación de decisiones vinculantes hacia la comunidad política; más conocidas como políticas públicas. Sin embargo, el proceso en virtud del cual se configuran estas políticas públicas es muchas veces concebido como una caja negra por parte de la ciudadanía, tanto desde el punto de vista del procedimiento, como de las prácticas. De ahí la importancia de las medidas “pro transparencia”, las cuales deben ser entendidas como un medio para que la ciudadanía acceda a más información y así evalúe con mejores herramientas el devenir de la toma de decisiones públicas.
Medidas concretas para abrir este escenario de caja negra es en primer término el fomentar una verdadera pedagogía respecto al proceso de formación de la ley vigente en Chile. Basta sondear con cercanos no involucrados de manera directa en los asuntos públicos, el nivel de desconocimiento del proceso de formación de la ley. Al respecto, la información disponible en la actualidad tanto en la Cámara de Diputados, el Senado, e inclusive la Biblioteca del Congreso Nacional ayudan poco y nada (http://www.camara.cl/camara/media/docs/formacion_ley.pdf).
En otra dimensión, una de las instancias de participación ciudadana en el trámite legislativo está dada por los espacios que cada comisión ofrece para que representantes de la sociedad civil, expertos y académicos expongan sus planteamientos respecto a los proyectos de ley que estén en discusión, sin embargo, no existen criterios estandarizados sobre los cuales se decida quien está en condición de participar en dichas instancias, siendo este proceso más bien discrecional y, por tanto, corregibles.
Finalmente, si bien nuestros congresistas deben presentar una declaración de patrimonio e intereses, no existe una figura institucional que se haga cargo de verificar dicha información, cuestión que resulta fundamental a la hora de abrir la discusión sobre conflictos de intereses y probidad en la gestión pública.
Así las cosas, es en extremo valorable que sea el propio Congreso quien se abra a discutir muchos de estos tópicos, para que una vez solucionados, ya no exista la excusa de falta de información o incomprensión del proceso político por parte de la ciudadanía a la hora de explicar sus orientaciones positivas o negativas hacia nuestro sistema político.
