A continuación reproducimos columna de Cecilia Cifuentes, investigadora del Programa Económico de LyD, publicada en La Segunda:
Esta reflexión se inicia a partir de que Libertad y Desarrollo fue erróneamente citado por Guillermo Larraín en su última columna. Reconocido el error y disculpado, es relevante analizar el fondo del tema; la política fiscal de los últimos dos gobiernos, tratando de no ser reiterativa en un tema que debe ya tener algo aburridos a los lectores.
¿Cuál fue el deterioro del resultado fiscal en el gobierno anterior? Si se mira el balance estructural vemos que éste pasa de un superávit de 1,1% del PIB en 2005 a un déficit de 3% en 2009, es decir, un deterioro de 4,1 puntos del PIB en términos tendenciales. Aceptando el argumento de que 1,2 puntos se explican por reducciones transitorias de impuestos, se tiene un deterioro corregido por este efecto de 2,9% del PIB. Lo importante y de fondo es que este deterioro NO se puede explicar por la crisis del 2009, por cuanto la mayor parte parte se generó entre 2005 y 2008, antes del fuerte estímulo fiscal de 2009. En 2008 el déficit estructural fue de 0,8% del PIB, lo que comparado con un superávit de 1,1% en 2005, lleva a un deterioro del resultado de 1,9% del PIB. Es decir, con una holgura del cobre espectacular y sin crisis de por medio, en el gobierno anterior se produjo un menoscabo importante del resultado fiscal. El problema efectivamente se acentuó en 2009, producto de la política anticíclica, aspecto sobre el que volveré más adelante. Entonces corregido por el efecto de las reducciones transitorias de impuesto, el gobierno actual heredó un déficit de 1,8% del PIB, que con terremoto de por medio y con una menor holgura del cobre, se reduciría a 1,2% del PIB. Efectivamente no estamos frente a una mejoría significativa, pero es curioso que quienes, sin crisis de por medio, generaron un deterioro de 1,9% del PIB, critiquen por falta de responsabilidad fiscal a quienes lograron una mejoría de 0,6% del PIB. Más llamativo aun es hecho de que las críticas provengan de un sector que en los últimos cuatro años cada vez que el actual gobierno presentaba un programa de gasto con un esquema de subsidiariedad, era criticado por la oposición como “letra chica” por no hacerse extensivo a gran parte de la población. En definitiva, aquellos que directa o indirectamente participaron del gobierno anterior tienen un enorme “tejado de vidrio” para criticar a la actual administración por su manejo fiscal.
La política fiscal del año 2009 es un tema en sí mismo. El aumento del gasto de 17% real en un escenario externo en que subían los términos de intercambio y bajaban fuertemente las tasas de interés, no tiene una justificación económica clara. Más cuando esta política se realiza en un contexto de flexibilidad cambiaria, ya que en esa situación el efecto macro de la política se diluye producto de la caída del tipo de cambio, quedándose reducida a un impacto principalmente redistributivo, mayor consumo privado y de gobierno y menores exportaciones netas. De hecho, en 2009 el tipo de cambio cayó en $130 entre enero y diciembre. Lo que sí es evidente es que este gigantesco estímulo fiscal era muy conveniente en un año electoral, permitiendo que la popularidad del gobierno subiera de niveles de 50% a fines de 2008 a más de 80% a fines de 2009. El gobierno anterior no había sido muy popular durante gran parte de su gestión, con el porcentaje de apoyo fluctuando en un rango entre 35% y 55% entre 2006 y 2008, y fue luego de la fuerte expansión fiscal que la popularidad se disparó.
El costo de esta política lo seguiremos pagando por mucho tiempo, y no sólo en términos financieros puramente tales, sino también porque ese año se inició con fuerza el camino hacia un Estado “Viejo Pascuero”, cuya función principal sería repartir recursos a un porcentaje cada vez mayor de la población. Con la excusa de la crisis, se repartieron bonos y subsidios por doquier, lo que puede haber aminorado la caída del consumo privado, pero generando al mismo tiempo en la población la percepción de que de alguna forma estos beneficios constituyen derechos adquiridos, de muy difícil eliminación posterior. Si bien se logró con la política un aumento significativo de popularidad, los mismos beneficios ya no logran un efecto equivalente, lo que lleva a que los programas presidenciales se conviertan en una especie de “quién da más”. Es bastante evidente ese fenómeno en la campaña actual, en la cual ningún candidato se atreve a decir que no se pueden seguir incrementando las regalías ad eternum, especialmente ahora que se acaba la gallinita de los huevos de cobre.
En definitiva, la política antíciclica de 2009 no es atenuante para el manejo fiscal de la administración anterior, es un agravante, no sólo porque fue poco efectiva en términos macroeconómicos, sino también por ser un primer gran paso hacia esquemas fiscales que son la tragedia de los países desarrollados actualmente.
