Hoy se ingresan en la Comisión de Constitución del Senado las indicaciones a los cambios al Proceso Penal.

Sin embargo, estas indicaciones - que buscan dar más facultades a policías, fiscales y jueces en materia de investigaciones y prisiones preventivas . han levantado cuestionamientos de parte de expertos.

Para José Francisco García, estas reformas serán  relevantes si las nuevas atribuciones van acompañadas de mayor capacitación a las policías y una mejor coordinación con los fiscales. "Si no se avanza en esos frentes, es muy difícil que los resultados que se buscan con las reformas tengan sentido", explica.

De hecho, García asegura que uno de los temas que ha formado parte del diagnóstico general sobre las falencias que enfrenta nuestro sistema procesal penal, dice relación con la escasa coordinación existente entre los fiscales y las policías, la que se vincula tanto en términos de información –sumamente relevante a la hora de proponer y evaluar estrategias de persecución criminal–, como en cuestiones más prácticas respecto a las primeras diligencias investigativas frente a la comisión de un determinado delito, y en donde se juega, en definitiva, la capacidad del sistema de dar respuestas a las víctimas. Es una de las ineficiencias y problemas prácticos que contribuyen en gran medida a generar franjas de impunidad; y constituyen el antecedente de por qué un fiscal termina archivando un caso haciendo uso de sus facultades discrecionales.

Es por lo anterior que, y siguiendo a la Comisión Asesora Presidencial de “Reforma a la Reforma” del año pasado, que el experto destaca:(i) la implementación de una base unificada de datos –medida que puede basarse en los esfuerzos que está haciendo la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante la creación del Centro Estratégico de Análisis del Delito (CEAD)–; (ii) el establecimiento de metas e indicadores comunes entre el Ministerio Público y las policías, para con ello propender, según la Comisión, a lograr casos “judicialmente resueltos” y no sólo “policialmente resueltos”; y (iii) el establecimiento de un nuevo parte policial (usando medios tecnológicos) para hacer más simple y ágil la entrega de información desde la policía a los fiscales. Como se verá más adelante, lo anterior debe ser complementado con un parte que entregue información de calidad. Desde la perspectiva de la capacitación, destaca: (i) el implementar talleres prácticos sobre primeras diligencias –sobre la base del “Manual de Primeras Diligencias” del Ministerio Público–; (ii) generar jornadas de capacitación interinstitucional a nivel regional; y (iii) revisar planes de estudio y mallas curriculares de las Policías, generando espacios para distinguir entre la formación de los funcionarios que realizan labores de prevención y aquellos que se dedican a la investigación.